Las agencias de calificación crediticia o de ráting han sido una parte importante en el origen de la crisis financiera, pero hasta la fecha no han sido penalizadas de ningún modo y aún siguen teniendo la sartén por el mango. Y lo que es peor, la historia se ha repetido.

Hasta las quiebras de Enron y Parmalat en 2003 su papel no había sido puesto en tela de juicio. En ese año, las tres grandes agencias que representan el 92% del sector -Moody's, Standard and Poor's y Fitch- mantuvieron el ráting de nivel de inversión hasta poco antes de la quiebra de Enron. Para muchos, aunque no quedó demostrado judicialmente, las agencias habían sucumbido a las presiones de la propia firma y de otros bancos de inversión que alentaban la compra de Enron por parte de otra compañía. También se puso de manifiesto la lentitud de estas agencias para responder al aumento del riesgo de crédito en la compañía. Es decir, ya se cuestionaba entonces su independencia del emisor y la calidad de sus calificaciones.

Es, por tanto, una historia que viene de lejos, y que no ha sido subsanada, a la vista de su directa implicación en la generación de la crisis financiera. Y en este último caso, además, no se podrían escudar en el hecho de que las compañías les entregaran información financiera falsa, tal como pudieron alegar en el caso de Enron. A raíz de esta quiebra, se abrió un periodo de revisión del funcionamiento de las agencias a ambos lados del Atlántico, con algunos cambios en las legislaciones y normas de conducta. En 2006, la Comisión Europea llegaba a la conclusión de que no era necesaria ninguna iniciativa legislativa nueva y el Comité de Reguladores Europeos de Valores (CESR) estaba satisfecho con el grado de cumplimiento de las agencias del código de conducta de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), donde se dan pautas para asegurar la calidad e integridad del proceso de calificación, evitar conflictos de intereses y responsabilizarse ante emisores e inversores.

Calificaciones inapropiadas. Pero de poco o nada han servido estas recomendaciones, ya que las agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas `subprime'. Es algo irrefutable. Sus buenas calificaciones para productos estructurados con enorme riesgo de crédito -bonos de titulación hipotecaria sobre viviendas y obligaciones garantizadas por deuda, particularmente- son el detonante de lo acontecido desde 2007. Asimismo, Lehman Brothers, días antes de la quiebra, ostentaba una calificación A2 en Moody's, y A en Standard and Poor's, es decir se situaba todavía dentro del grado de inversión. Y, si como escribe Ramón Losada, técnico de la CNMV, «el objetivo último de la agencia es establecer la posibilidad de que el activo que representa una deuda pague sus obligaciones a sus poseedores dentro de un periodo determinado de tiempo», está bien claro que las agencias no cumplieron con su trabajo y, cuando menos, participaron activamente en la construcción de la gran burbuja crediticia que encendió la mecha de la crisis económica.

No se debe olvidar nunca que las agencias cobran su servicio de calificación a los emisores, una evidencia que pone en serio peligro la independencia de las decisiones. También se debe saber que, en muchos casos, son las propias agencias las que colaboran en la construcción de los productos para que obtengan mejores calificaciones. Es decir, hacen trajes a medida al ofrecer sus servicios en materia de inversión. Por tanto, ahora se trata de encontrar un modelo que impida, de forma definitiva, la dependencia de las agencias, aumente la calidad de sus certificaciones y tenga a la transparencia como una de sus normas más rígidas. Esta es, en principio, una de las tareas principales del G-20 para devolver la confianza al sistema financiero.

Nueva regulación. A pesar de todos los errores de las agencias de calificación y la negativa a entonar un mea culpa rotundo, se admite por principio que son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros y que ahora se trata de dar con ese modelo más justo. Por el momento, en la última reunión del mes de abril en Londres, los miembros del G-20 sólo nos dejaron sus buenas intenciones al precisar que quieren ampliar la supervisión y el registro regulador a las Agencias de Calificación de Crédito para garantizar que cumplen el código internacional de buenas prácticas, en especial para impedir conflictos de interés inaceptables. El próximo mes de septiembre en Estados Unidos se verá, dentro de la nueva reunión del G-20, el grado de cumplimiento de ese propósito.

Mientras tanto, y a la espera de ese acuerdo a nivel mundial, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta que destaca, entre otros puntos, la defensa de la independencia y la eliminación de los conflictos de interés; la mejora en la calidad de las calificaciones; el aumento de la transparencia y la organización del registro y de la supervisión de las agencias de calificación crediticia.

Pero el camino de esta nueva regulación no será fácil, puesto que es difícil reorganizar un sector que participa activamente en las diferentes políticas públicas de compras de activos financieros y que, por tanto, hay que contar con ellas para disponer de sus calificaciones. Es evidente, sin embargo, que la larga lista de fallos cometidos por las agencias ha provocado una pérdida profunda de credibilidad y que sólo una reforma audaz podría devolverles el prestigio.