Advierten de que volarán la fábrica de New Fabris si no les indemnizan
Herramientas, maquinaria y piezas de automoción se apilan en los almacenes de la fábrica de New Fabris en Châtellereault. La empresa se halla en liquidación judicial desde junio, y los 366 trabajadores de la plantilla anunciaron ayer que harán volar la planta si no reciben una indemnización de 30.000 euros por parte de PSA y Renault, compañías que han ejercido de clientes casi exclusivos y a las que acusan de haberlos abandonado. Les dan de plazo hasta el día 31.
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La plantilla de New Fabris, compuesta por 366 trabajadores, decidió dar ayer un salto cualitativo en la defensa de sus reivindicaciones y advirtió de que hará saltar por los aires la fábrica que esta compañía tiene en Châtellerault. Los trabajadores de esta empresa, dedicada a la fabricación de piezas para el automóvil y que se encuentra en situación de liquidación judicial desde el 16 de junio tras haber estado medio año en manos del grupo italiano Zen, anunciaron que cumplirán su amenaza en caso de no recibir una indemnización por parte de Renault y de PSA, los dos principales solicitantes de pedidos.
En concreto, piden a estos constructores automovilísticos, a los que acusan de haber provocado la caída de la empresa al tener paralizados los pedidos desde setiembre, que firmen un acuerdo comprometiéndose a pagar 30.000 euros para cada uno de los empleados en un plazo que acaba el 31 de este mes.
Si antes de esa fecha PSA -grupo que incluye a Peugeot y Citroën- y Renault no aceptan su petición, advierten de que harán explotar las botellas de gas que han instalado encima de la central eléctrica de la fábrica. Frente a este anuncio, sin embargo, desde la Prefectura valoraron que no existe riesgo de explosión, ya que, a su juicio, las botellas estarían vacías.
De la noche a la mañana
Sea esto cierto o no, los obreros explican que piden 30.000 euros por trabajador a estas dos compañías «por todos los años que hemos trabajado casi exclusivamente para ellas». «No podían dejarnos tirados así, de la noche a la mañana. Aquí la gente tiene una media de 49 años de edad y 25 años de antigüedad, ¿cómo quieren que vuelvan a encontrar trabajo?» relataba a «Le Parisien» Guy Eyermann, delegado de CGT y secretario del comité de empresa. PSA y Renault, por su parte, rechazaron ayer que les corresponda a ellos indemnizar a los trabajadores.
Eyermann acusó a los dos constructores franceses de haber abandonado a la empresa y a sus 366 trabajadores. «Hacía seis años que no nos consultaban sobre las nuevas piezas y, sin embargo, a principios de 2008 nos pidieron trabajar a fondo. Se contrató incluso a temporales y luego, en setiembre, nada más; los libros de pedidos están vacíos», explicó.
Los trabajadores de New Fabris también piensan emprender acciones judiciales contra PSA y Renault, porque tienen la obligación de advertir a la dirección de la fábrica con antelación suficiente sobre la paralización de pedidos. La semana pasada los trabajadores ya celebraron una manifestación ante la sede de PSA, y pasado mañana harán lo mismo frente a la de Renault.
Asimismo, el lunes que viene irán al Ministerio de Empleo para pedir la intervención del Gobierno francés.
Los encargos de PSA y Renault representan el 90% de la actividad de New Fabris que, con miles de piezas sueltas impagadas en stock y una nula actividad, se vio en junio ante una liquidación judicial. Los trabajadores valoran en cuatro millones las piezas ya fabricadas y una nueva máquina de Renault que está esperando en planta.
La situación de la fábrica de New Fabris es el último ejemplo del cariz que están adoptando los conflictos laborales en el Estado francés en los últimos meses. En una situación legislativa y política en la que la clase obrera está prácticamente inerme frente a la patronal, que tiene casi todas las bazas en este tipo de conflictos, muchos trabajadores han decidido plantarse y decir «ya basta». En este contexto, la retención durante algunas horas -«secuestros» para los medios mayoritarios- de directivos de compañías como Sony, 3M, Fnac, Capterpillar y Scapa como forma de presión ha abierto un debate en el que, según las encuestas, la mitad de la ciudadanía del Estado francés admite como «aceptable» la actuación de los obreros y una mayoría dice, al menos, entenderlo. En este sentido, la propia secretaria general del PSF, Martine Aubry, manifestó que «no lo excusamos, pero decimos también que hay momentos en los que la gente no puede más». En parecidos términos se expresó su compañera de partido Ségolène Royal, frente a las gruesas palabras del Gobierno de Sarkozy y la patronal.
Lo cierto es que estas actuaciones han logrado poner sobre la mesa la necesidad de disponer de mecanismos eficaces contra la prepotencia de la patronal, frente al espejo del «diálogo social» en el que se quieren reflejar algunas centrales en Madrid, Iruñea y Gasteiz. GARA
