El Ararteko ha hecho un informe extraordinario sobre la «atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi» en el que repasa la actuación del conjunto de instituciones de la CAV en la materia y ofrece una serie de recomendaciones en este terreno.

Entre las recomendaciones que Iñigo Lamarka realiza en el ámbito del «derecho a la memoria» de las víctimas, se incluye la de «promover en todos los municipios, y necesariamente en los que se haya producido una victimación terrorista, una calle o instalación pública en memoria de las víctimas del terrorismo, de forma personalizada y participativa, y organizar anualmente algún tipo de actividad educativa en relación con ella».

Esta recomendación se hace desde la consideración de que «un futuro en paz debe basarse en políticas de memoria ciudadana, concretas y activas, que reafirmen el valor de la defensa constante de la pluralidad ciudadana y, en general, de los derechos y deberes humanos».

Excepciones

Sin embargo, no todas las «víctimas del terrorismo», ni siquiera las reconocidas como tales por el Gobierno de Lakua, tienen derecho a dar nombre a una calle, ni las instituciones les deben ningún tipo de reparación. La excepción son los militantes de ETA muertos por otras organizaciones como los GAL o el Batallón Vasco Español.

El Ararteko destaca en un apartado de su informe que «una cuestión especialmente delicada es la de aquellas personas que reúnen la doble condición de víctimas y victimarios. Al dolor causado por los cientos de asesinatos cometidos por ETA hay que añadir el motivado por la actividad terrorista de grupos como ATE, BVE o GAL, que en muchas ocasiones asesinaron a personas que en aquel momento eran miembros de ETA».

En el texto se recoge que algunos ayuntamientos les han dedicado calles o monolitos y, en su opinión, se plantea «un dilema moral» sobre si son «merecedores de actos de reconocimiento». Y su respuesta es que sus muertes «exigirá la más absoluta condena de estos actos de terrorismo y además una respuesta contundente en términos de justicia y reparación», pero a esto añade acto seguido que «su indiscutible condición de víctima no convierte al victimario en un ciudadano ejemplar».

Siguiendo esa línea argumental, llega a la conclusión de que «la dedicatoria de calles a personas que han ejercido la violencia revictimiza a las víctimas que el homenajeado causó y emite un mensaje permanente para toda la ciudadanía de que las instituciones consideran digna de reconocimiento a una persona que perteneció a una organización terrorista».

Sin pasado personal

La conclusión es, por tanto, que cualquier persona contra la que haya atentado ETA es digna de homenaje, haya hecho lo que haya hecho en su vida. Da lo mismo si fue un atracador habitual, maltratador de su familia, que vivía con identidad robada, y al que su propia hija acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía apenas diez años, como Pedro Pardo Romero, El Peleas, muerto en Bermeo el 26 de diciembre de 1984.

Tampoco importa que fuera un conocido torturador, como públicamente era conocido el jefe de la Brigada Político Social de Gipuzkoa Melitón Manzanas, con cuya vida acabó ETA el 2 de agosto de 1968 en Irun.

Atendiendo a las recomendaciones del Ararteko, los ayuntamientos de Bermeo e Irun deberían dedicarles algún tipo de tributo público personalizado tanto al uno como al otro porque, según el informe, su único pasado válido es que «se les quiso expulsar de su condición de ciudadanos para imponer mediante el uso de la violencia y cercenando el derecho a la vida y otros derechos humanos básicos y, por tanto, de manera totalitaria y antidemocrática, unos objetivos políticos».

Pero no siempre es así. Recogiendo palabras de Galo Bilbao Alberdi -profesor de Ética en la Universidad de Deusto-, el Ararteko hace suya la idea de que «es de todo punto necesario impedir el homenaje público y social (consideración de hijos predilectos, dedicatoria de calles, plazas e instalaciones públicas, esculturas y monolitos...)» a las víctimas del GAL, el BVE o la Triple A que fueran refugiados vascos o militantes o ex militantes de ETA, aunque estuvieran amnistiados, como es el caso de José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, al que el informe hace una expresa referencia.