Las instituciones ante la crisis
LAB alerta de que el recorte del gasto arrastrará a los servicios públicos
LAB criticó ayer en duros términos que las instituciones recorten el presupuesto reduciendo el gasto social e indicaron que ésta es una opción política y no económica como quieren hacer ver. La central abertzale subrayó que el problema está en que los ya deteriorados servicios públicos van a pagar el resultado de que cada vez se recaude menos a quien más tiene y denunció que sean usuarios y trabajadores quienes sufran las consecuencias de esa política.
Nerea GOTI | BILBO
El sindicato LAB manifestó ayer que la decisión de las instituciones de atajar la reducción de ingresos recortando el gasto social «es una opción política» y «no una decisión económica tal y como se está intentando vender», por lo que denunció la apuesta de la Administración por hacer pagar a los trabajadores, en forma de recortes sociales, «lo que no se atreven a recaudar a los que más tienen».
La central abertzale denunció que «la reducción del gasto social y reducción de impuestos para los ricos van de la mano» y precisó que, si se hubiera aplicado la misma presión fiscal que la media europea, en los últimos tres años se hubieran recaudado en Hego Euskal Herria 23.653 millones de euros más de los recaudados.
Los responsables de la Federación de Servicios Públicos de LAB Arantza Sarasola y Txomin Lorca subrayaron que el gasto social con respecto al PIB (Producto Interior Bruto) en Hego Euskal Herria está por debajo de la media europea y advirtieron de que los anunciados recortes presupuestarios van a empeorar unos servicios públicos ya bastante deteriorados en términos de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales para sus trabajadores.
Sarasola señaló que el «ataque» al desarrollo de los servicios públicos «es permanente» y obedece a que se han impuesto «criterios de mercado» en unas prestaciones destinadas a garantizar derechos. En ese contexto situó las continuas privatizaciones que «engordan los beneficios de empresas», eluden los controles públicos, favorecen el «clientelismo político» y «generan el caldo de cultivo proclive a los fraudes», mientras cada vez hay más trabajadores al frente de los servicios públicos «en peores condiciones».
A modo de ejemplo, Sarasola citó servicios de nueva creación, como haurreskolak en Educación, a los que se han incorporado trabajadores «con salarios más bajos y en peores condiciones que las vigentes en el conjunto de la enseñanza», al tiempo que los usuarios se ven obligados a pagar hasta 300 euros al mes. Recordó, asimismo, que todos los comedores escolares puestos en marcha desde el curso 96-97 están privatizados y citó otro ejemplo, el de las residencias, de las que «el 75% está en manos privadas que hacen negocio con las subvenciones públicas, la dudosa calidad del servicio, los bajos salarios y el pago por parte de los usuarios».
Comentó también los casos de Osakidetza y Osasunbidea, donde proliferan las concertaciones, «que es una nueva manera de llamar a las horas extraordinarias y las externalizaciones».
LAB calcula que, de aplicarse la misma presión fiscal que la media europea, en tres años se hubieran recaudado 23.653 millones más de lo ingresado, «el doble del presupuesto conjunto de la CAV y Nafarroa en un año».
Los responsables de LAB calificaron de «tomadura de pelo» que las instituciones se escuden en que «no hay dinero para los presupuestos» y recordaron que el Gobierno de Lakua «va a poner a disposición de proyectos empresariales de los mismos de siempre, el lobby del cemento, miles y miles de millones de euros y para esto no le importa endeudarse».
La central abertzale insistió en que «es mentira que no hay dinero» y subrayó que «el problema está en la recaudación, no en el gasto». A este respecto, denunció que en el Estado español se está hablando de reducir cotizaciones sociales, «una vuelta de tuerca más en la bajada del Impuesto de Sociedades» que, según precisó, hoy es de un 28% nominal, pero del 13% real.
El sindicato apuntó, además, que mientras los trabajadores declaran de media unos 19.000 euros, las rentas empresariales y profesionales declaran 12.000 euros, y añadió que el fraude fiscal «es estructural» y «consentido y favorecido», porque «no se ponen medios para evitarlo». «Por ahí se va el dinero, así se hacen más ricos los ricos y hay menos recursos en el presupuesto», indicó.
N.G.
