Allá por el 1991 la televisión italiana emitió una entrevista con un portavoz de ETA. El revuelo en el Reino de España fue extraordinario. Algunos medios llegaron a pedir la expulsión del enviado de la RAI en el Reino. Como reparación a alguien, a la dirección de la televisión italiana se le ocurrió la idea de entrevistar al entonces secretario de estado para la Seguridad, Rafael Vera. El periodista le preguntó a qué se debía tanto ruido por una entrevista. Vera preguntó, a su vez, sobre la reacción que tendría el Gobierno italiano si la televisión española entrevistara a un jefe de la mafia. El periodista le respondió que ningún Gobierno italiano se había sentado públicamente en una mesa a dialogar, en un país extranjero, con representantes de la mafia como lo había hecho el Gobierno español en Argel con representantes de ETA. El periodista italiano evidenció lo que todo el mundo sabe y que muy pocos admiten: que el conflicto político entre la idea de España y de Euskal Herria es eso, un conflicto político, y que todas sus expresiones, violencia de ETA o del Estado, medidas legislativas y judiciales, marcos constitucionales y autonómicos con su contradicciones internas a la ahora de ponerse en práctica, son elementos de una cuestión política. Esta constatación es solo eso, una constatación, y no un «juicio» sobre la justeza o no de esos aspectos. Por tanto lo que sugiere es el camino para su solución.

La sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) lo confirma por ser una mera recopilación de lo ya visto en los pronunciamientos judiciales españoles, en los que se evidencia la naturaleza política de lo juzgado. Por eso, ¿para qué sirven las decenas de páginas de la sentencia cuando no han añadido nada a la variada jurisprudencia europea e internacional sobre el tema? Esas páginas del TEDH reproducen lo que han dicho Gobierno y tribunales españoles en estas últimas décadas. Si estos tribunales hubieran escrito «el Gobierno español tiene razón y punto» nos habrían ahorrado la lectura de decenas de miles de páginas de autos y sentencias.

El primer enunciado de todas esas resoluciones ya lo marcó el juez Baltasar Garzón en el auto 35/2002: «La violencia de ETA es únicamente la última ratio, hasta el punto de que aunque ETA no existiera o desapareciera la kale borroka, o ésta no se hubiera producido nunca, Batasuna, por los métodos que utiliza, constituye desde el punto jurídico-penal una asociación ilícita». El segundo es la afirmación contenida en la sentencia de TEDH donde se dice, refiriéndose a Batasuna, que «propone un proyecto político que no respeta las reglas de la democracia» o que busca «la destrucción de los derechos o libertades que ella reconoce». Teniendo en cuenta que los enunciados provienen del juez ideólogo que abrió el camino para la criminalización de la izquierda abertzale y del Tribunal europeo que debería velar por los derechos y libertades civiles en Europa, tenemos la confirmación de cómo la realidad de los hechos se ha desvirtuado hasta el punto en que la mentira se ha convertido en fundamento jurídico.

Un partido político se define, entre otras cosas, por la actuación práctica diaria, por su propuesta y actuaciones y por su visión del mundo. Herri Batasuna, así definiré al sujeto criminalizado, desde su nacimiento ha actuado en el marco de las «luchas de masas», es decir, la acción directa de la sociedad civil y en el marco de «la lucha institucional», o sea, en la instituciones vigentes. Las tentativas de contestación práctica del ordenamiento institucional español y autonomista, que Herri Batasuna no reconoce como legitimo, se plasmaron en un amago de institución paralela, Euskal Herriko Batzarre Nagusia, que hubiera debido atraer a representantes institucionales y de los movimientos de masas como órgano de contrapoder popular. Esa tentativa se fue al traste, pero vislumbraba la idea de una democracia más participativa. Es decir, una forma de hacer en la que el ciudadano fuera protagonista de la vida política y no mero espectador. En política municipal, Herri Batasuna, siendo el municipio la única institución al que otorgaba representación ciudadana legitima, actuó con un programa político, y donde tenia alcaldías intentó poner en práctica la participación directa. También sobre la cuestión de genero, los derechos de la mujeres y de los homosexuales, en épocas en donde la cultura machista y patriarcal dominaba la políticas de los partidos institucionales. En cuestiones ecológicas, como las batallas contra la central de Lemoiz y la autovía Irurtzun-Andoain, por citar los casos mas conocidos. La potenciación de los servicios públicos, las propuestas de gestión transparente y participativa en los planes urbanísticos y de ordenamiento del territorio. La acogida para los inmigrantes, caso de Ondarroa, intentado proponer el concepto de «condivisión» en lugar de «integración»...

La lista sería larguísima. Movilizó una especie de protección civil con brigadas de voluntarios, como en las riadas que en 1983 que arrasaron Bilbao. Se solidarizó con movimientos de liberación en cada rincón del mundo y con luchas obreras y populares en España. Sentó, en definitiva, una modalidad política. Tanto es así que desde los estamentos de poder españoles cualquier movilización obrera o popular espontánea o contundente era tildada como «batasunizada».

Herri Batasuna contribuyó a definir el proyecto de Udalbitza, un organismo que vislumbraba una asamblea constituyente de la «nación vasca», recogiendo y desarrollando un tradición política vasca (en realidad no solo vasca) y que en su carta de principios enunciaba lo que es la filosofía de ese movimiento político: expresiones directas de la voluntad popular (municipios) como entramado primordial de la estructura institucional vasca, derechos universales para todos y todas, sin distinciones. Así se afirma en la Carta de los Derechos de Udalbiltza: «Euskal Herria, tierra de paso por su situación geográfica, ha sabido incorporar a su patrimonio las aportaciones de cuantos pueblos han pasado por su territorio. Euskal Herria ha sido y es un pueblo que se configura abierto al mundo. Euskal Herria pertenece a las mujeres y hombres que viven en ella, sin distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole».

Esto es lo que desde su existencia HB había practicado o intentado practicar. La idea que con el paso del tiempo se ha desarrollado es también la constatación de la pluralidad política de la sociedad vasca, así que un proyecto de «condivisión» se basa en aceptar esa realidad y permitir que todas las opciones en pie de igualdad puedan proponer y conseguir sus planteamientos políticos si la mayoría de la población así lo refrenda. Ser militante o dirigente de Herri Batasuna no ha sido ni un negocio, ni una forma de asegurarse el futuro. Más bien lo contrario. La austeridad y la idea de la política como un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas no han sido papel mojado.

Así que cuando el TEDH afirma que el objetivo de Batasuna es destruir «las reglas de la democracia y las libertades y derechos que en ella se reconocen» tiene la obligación, siendo un tribunal, de definir con precisión qué entiende por democracia. ¿La orgánica? ¿Aquélla que exporta bombas y destrucción a Iraq o Afganistán? ¿La democracia de mercado de las multinacionales o del sistema financiero, que garantiza a las elites la ganancia pero, muy democráticamente, impone la socialización de las pérdidas? ¿La democracia informativa basada en el negocio? ¿La democracia de la privatización de la vida para garantizar la jerarquías? ¿La democracia de la violencia democrática que en el mundo ha provocado millones de víctimas de manera directa e indirecta, en comparación con las miles de los grupos «terroristas», y que por consiguiente da por sentado que la vida humana tiene un valor diferente según si es funcional o no al sistema dominante?

En una época en la que la explotación y la ganancia a toda costa son el modelo de democracia que se quiere imponer al mundo, en donde la seguridad de ese sistema hace que países como Italia promulguen leyes sobre seguridad como la 733, que condena como delincuentes a los inmigrantes que son tales por la imposición de esa democracia mercantilista a nivel mundial, que tiene gobiernos con fuerzas políticas que propugnan cultura políticas de superioridad racial (la Liga Norte es un vergonzoso y triste ejemplo)... en esta época la existencia de una fuerza política como Batasuna es una pequeña aportación pero de gran «valor añadido» para delinear una democracia de justicia y dignidad humana.

Criminalizar esas ideas con la excusa de la no condena de la «violencia» es un gran sarcasmo. El futuro es sin violencia, sin ninguna violencia, con dignidad y posibilidad de puesta en práctica de proyectos políticos y sociales, con igualdad de oportunidades. Ése es el gran desafío. Eso es lo que ha propuesto HB, la izquierda abertzale y quien cree que todavía la historia no ha finalizado. Ese escenario no resolvería los problemas generales como por arte de magia, pero permitiría caminar hacia una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que comparten, y no súbditos de una jerarquía que controla la aldea global.