La reunión que celebraron el lunes en Gasteiz altos representantes del Gobierno de Lakua, las diputaciones forales y los ayuntamientos de la CAV, para abordar la situación creada por el severo descenso de los ingresos en las arcas públicas como consecuencia de la crisis ha centrado la atención mediática esta semana. Los políticos pretenden dar imagen de preocupación ante esta complicada tesitura. Está claro que no es una situación fácil, pero también que hay cosas obvias que no han estado en la agenda política hasta ahora. Pero hay honrosas excepciones. La corporación municipal de Soraluze, una coalición de concejales de la izquierda abertzale y EA, no tardó tanto en llegar a las conclusiones que consejeros, diputados y grandes alcaldes de la CAV no parecen querer ver. Al llegar al Gobierno, decidieron prescindir de los elevados sueldos de alcalde y concejal liberado (PNV) que les precedieron (2.900 y 2.100 euros respectivamente). Y pretendieron ir más allá: en enero propusieron a la corporación bajar el sueldo del conjunto de los ediles un 10% para afrontar inversiones en el pueblo. La sorpresa llegó cuando PNV, PP y PSOE unieron sus votos para impedirlo, con lo que, hoy, los concejales de la oposición cobran más que los del Gobierno. Un gran ejemplo, a pequeña escala, de hasta qué punto llegará la voluntad política de ahorro público; y de dónde, y dónde no, se aplicarán los recortes.