El atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos muestra, una vez más, los parámetros reales y la crudeza del conflicto político vasco. Ya lo había advertido esta misma semana el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, al decir de que ETA «podía hacer aún mucho daño». Ponía así la tirita antes de la herida, pero sobre todo se curaba en salud para evitar críticas una vez que la realidad mostrase lo falaz de su discurso triunfalista y lo irreal de su propuesta basada única y exclusivamente en medidas policiales.

Una perspectiva puramente militar que, excepto en aquellos casos en los que los grupos armados no contaban con un apoyo social significativo -como pudo ser el caso gallego- o en los que el Estado simplemente ha exterminado a todo un pueblo -como en el reciente caso de los tamiles en Sri Lanka-, se ha mostrado fallida a la hora de resolver conflictos de naturaleza política. Y por mucho que se empeñen en negarlo los mandatarios, los medios y los intelectuales españoles, el conflicto vasco es un conflicto político previo al nacimiento de ETA -hace ya cincuenta años- y que, aun si la hipótesis de la derrota militar fuese factible, perduraría mientras no se atajen las causas del mismo. Eso es lo que muestra la historia; eso se infiere de conflictos similares al vasco como puede ser el irlandés.

En este contexto, el discurso policial destinado a desacreditar la capacidad de regeneración y de actuación de la organización armada vasca y a mostrar retóricamente la fortaleza del Estado queda en evidencia cuando a las pocas horas del atentado, en lo que parece una venganza, el mismo cuerpo que ha sido objetivo del ataque de ETA detiene a los responsables oficiales de una página web pública del movimiento juvenil vasco con la excusa de «financiar a Segi», mostrando lo obsceno de sus planteamiento de «todo es ETA». Pobres argumentos que, no obstante, les obligan a duras actuaciones contra los más débiles. Duras actuaciones que no hacen sino debilitar sus argumentos.