La polémica está servida. Colombia y EEUU ultiman los detalles del acuerdo de cooperación militar que prevé la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Mediante este acuerdo con el que ambos gobiernos buscan «profundizar y expandir la cooperación orientada contra la droga y el terrorismo», la base militar que el Ejército estadounidense tenía hasta ahora en Manta, Ecuador, será sustituida por cinco instalaciones militares en territorio colombiano. El Gobierno colombiano, liderado por Alvaro Uribe, autorizará, mediante este pacto, a estacionar en sus bases un máximo de 800 militares y 600 contratistas estadounidenses. La firma de este nuevo acuerdo ha levantado ampollas tanto entre la oposición al Ejecutivo de Colombia como fuera de sus fronteras, donde diversas autoridades, como los presidentes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela, han mostrado su desacuerdo ante este nuevo convenio.

Negativa de Ecuador

La razón del traslado de las bases desde Ecuador a Colombia es que el Gobierno de Rafael Correa no ha renovado el convenio de diez años firmado en 1998 por el Ejecutivo de Jamil Mahuad que permitía a aviones y equipos de inteligencia estadounidenses operar desde allí «para interceptar vuelos del narcotráfico». La firma de este convenio fue criticada en su día por amplios sectores de la sociedad ecuatoriana que argumentaban la pérdida de soberanía por la presencia de militares foráneos en territorio ecuatoriano; el rechazo general a las fuerzas armadas de EEUU, y el posible uso de la base para operaciones enmarcadas en el Plan Colombia, cuyo objetivo oficial es «disminuir el tráfico de estupefacientes y resolver el actual conflicto armado» que se vive en esta nación sudamericana.

En 2008, Rafael Correa denunció que desde la base de Manta se podría haber apoyado la operación del Ejército colombiano contra un campamento de las FARC instalado en territorio de Ecuador y, cumpliendo la promesa realizada en su primera campaña electoral, no ha renovado el contrato y, con el fin de recuperar la soberanía sobre este enclave ordenó a EEUU retirar sus tropas de Manta. Además, la nueva Constitución ecuatoriana prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.

Tras la negativa de Correa, quien dio de plazo hasta setiembre para desmantelar todas las actividades del Ejército estadounidense, los planes de Washington incluyen la utilización de cinco bases colombianas: Palanquero, Apiay, Malambo y dos nuevas navales, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. Según el ministro colombiano de Defen- sa, Freddy Padilla, «se trata de un acuerdo con fundamentación distinta de los criterios que se manejaron en Manta». Añade que «no aumentará la presencia de militares estadounidenses» y que las operaciones quedarán bajo mando colombiano, insistiendo en que «no habrá ninguna operación que proyecte fuerza hacia ninguna otra nación». Los expertos aseguran que mediante ese acuerdo Colombia contará con una herramienta poderosa: el acceso a la información de inteligencia que se obtenga con los sofisticados equipos estadounidenses.

Voces en contra

Pese a la insistencia del Gobierno colombiano en pintarlo todo de rosa, la oposición no lo ve nada claro. De entrada, critica que la negociación se llevara a cabo a espaldas del Congreso. El aspirante presidencial Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y el opositor Liberal Alfonso Gómez Méndez afirman que supone «arrodillarse ante el poder de EEUU». Asimismo, reclaman modificar una cláusula de anteriores convenios que impide a los tribunales colombianos sentar en el banquillo a los militares estadounidenses, y, al respecto, recuerdan el caso de los soldados que se libraron de ser juzgado por la violación de una niña o por traficar con cocaína. Ambos estiman que esta posibilidad es ideológicamente inaceptable y políticamente inconveniente.

Las voces disonantes no se han limitado a la oposición colombiana. Distintos gobernantes de América Latina han manifestado su desacuerdo ante la decisión de Álvaro Uribe. El presidente venezolano, Hugo Chávez, consideró que una mayor presencia militar estadounidense en el país vecino supone una amenaza para su proyecto socialista, por lo que anunció la revisión de las relaciones diplomáticas con Colombia, a la que acusó de «abrir las puertas a quienes nos agreden permanentemente y han derrocado gobiernos» haciendo alusión al golpe de Estado en Honduras contra su presidente legítimo, Manuel Zelaya.

Los mandatarios de Bolivia y Nicaragua, Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamete, se han sumado también a las críticas. Evo Morales manifestó que «políticos que aceptan una base militar norteamericana en cualquier país de Latinoamérica son traidores a su país», mientras que Daniel Ortega, calificó la presencia de las bases como una «ocupación» y una «amenaza» para la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez. Ortega agregó que no sólo se está violando la soberanía y Constitución de esa nación, sino la de toda Latinoamérica «donde no queremos más bases militares».

Mientras Uribe defiende el incremento de la cooperación militar con Washington, su principal aliado para fortalecer el combate contra el narcotráfico y las guerrillas, y gracias al cual no hay duda de que se va a ver beneficiado al contar con su avanzados equipos para acceder a información de inteligencia, sus países vecinos desconfían de las promesas y afirmaciones lanzadas por el Gobierno colombiano que sostienen que el acuerdo busca fortalecer las bases militares colombianas, pero no abrir instalaciones de EEUU. Asimismo, en medio de un clima de preocupación tras el golpe de Estado contra Zelaya, sus aliados insisten en el peligro que la presencia estadounidense supone para los proyectos soberanistas que se están llevando a cabo con el fin de construir una nueva América Latina.