La crisis. En la última década, las principales entidades del sistema financiero español han obtenido beneficios superiores a 3.000 millones de euros anuales cada una y un millar de sus consejeros y directivos han percibido más de 180.000 euros anuales. Por haber convertido a España en una potencia financiera global, el Gobierno socialista ha puesto a estos «emprendedores» como ejemplo en los foros internacionales.

Sin embargo, los bancos españoles se tambalean por sus propios errores. Dichos «errores» se inscriben en un largo proceso especulativo. La sustancia jurídica de dicho proceso se puede calificar como asociación para delinquir contra los derechos económicos y sociales de la población, el erario público y las leyes vigentes, actividades tipificadas en, al menos, quince artículos del Código Penal.

La mayoría de los autores de estos delitos pertenecen a consejos de administración de grandes empresas. Apoyados por un entorno de políticos y periodistas, han logrado la pasividad -cuando no la complicidad- de las instituciones del Estado. El PP, en el Gobierno desde 1996 a 2004 y el PSOE, desde 2004 al día de hoy, han consentido y alentado los desmanes de bancos e inmobiliarias causantes de la crisis actual.

Como la especulación sólo produce dinero y el dinero no brota del dinero, la «prosperidad» depredadora de la última década procedía de succionar la energía vital a una población encadenada al mercado de trabajo y a las hipotecas bancarias. El pinchazo de la burbuja le ha tocado al Gobierno del PSOE que, como era de esperar, utiliza el Estado para transferir recursos públicos desde la base laboriosa de la sociedad a la cúspide acaudalada.

Europa. Además de la libertad de especulación y la crisis actual, lo único que comparten realmente las diferentes naciones europeas -y no todas- es un mercado, una moneda y un Banco Emisor (el Banco Central Europeo o BCE) que, teóricamente, vela por la estabilidad monetaria desde un estatuto de independencia respecto a gobiernos y parlamentos. La Europa del euro, lejos de evitar las crisis, las generaliza y en lugar de disminuir las diferencias sociales, las profundiza en el interior de cada estado miembro, entre los distintos estados europeos y entre los países del centro y la periferia del capitalismo. La moneda única europea facilita la libertad de movimiento y establecimiento de los capitales en el Mercado Único Europeo. Pero esta libertad económica impide a las instituciones políticas gobernar a favor de sus poblaciones y disuelve las leyes que protegen los derechos sociales y la naturaleza.

El sistema de bancos centrales europeos está formado por el BCE y por cada uno de los bancos emisores nacionales que están bajo su autoridad, como por ejemplo el Banco de España. Pero, lejos de cumplir su cometido, el BCE -y con él, el Banco de España- ha estimulado una elevación desproporcionada del precio de las viviendas. La causa de esta elevación es la especulación generada por inmobiliarias y ayuntamientos, financiada por bancos y cajas de ahorros. Bajos tipos de interés, baja inflación y alquileres abusivos completan el escenario en el que millones de personas han contraído «voluntariamente» hipotecas, como forma más racional de acceder a una vivienda (y, en muchos casos, a una segunda residencia). Esta «racionalidad» ha convertido a la mayoría de la población en rehén del sistema inmobiliario y financiero cuya quiebra -anunciada desde hace años por todos los analistas- utiliza, como chantaje al Gobierno, la amenaza de colapso económico si no sale fiador de las entidades sobrevaloradas garantizando los depósitos e inyectando dinero en el mercado interbancario.

Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España ponen el grito en el cielo ante cualquier comentario crítico sobre su política monetaria. Sin embargo, lejos de callar avergonzados por sus fechorías, ya imposibles de ocultar, presionan al Gobierno para salir de la crisis abaratando el despido, privatizando las pensiones, introduciendo movilidad geográfica, rebajando los impuestos de los empresarios, debilitando la negociación colectiva y sometiendo a los parados a un régimen disciplinario para que acepten cualquier empleo en cualquier condición.

El socialismo. El socialismo consiste en una austeridad digna, ecológica y participativa para todos y todas. Pero la socialdemocracia lo degrada a un capitalismo de estado cuya función es defender la economía de mercado de su propia violencia. La izquierda capitalista no hace política para resolver los problemas de la gente, sino para resolver los problemas del mercado. No pone la brida a «los mercados» sino a los políticos, para que adapten su política a las necesidades de los mercaderes. No ocupa el estado para redistribuir el excedente social de arriba abajo y prevenir a la población de las amenazas del capitalismo, sino para entregar a banqueros y especuladores los recursos públicos que niega para vivienda, sanidad, empleo, educación y pensiones.

El socialismo propone limitar nuestros deseos irracionales para que vivamos como personas dignas e inteligentes. Por el contrario, el PSOE nos invita a emular a los triunfadores, convirtiéndonos en una horda de cómplices ignorantes, consumistas e impotentes. Esclavos voluntarios que damos gracias al dios mercado por no estar como en Somalia.

Lejos de nacionalizar la banca, procesar a los criminales multimillonarios y garantizar el crédito para actividades ecológicamente sostenibles, creadoras de seguridad alimentaria, relaciones cooperativas y empleo digno, el gobierno socialista ha puesto en marcha el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) para acometer la reconversión de un sector, ayer modélico y hoy bajo sospecha. Este fondo, dotado con más de 8.000 millones de euros pretende: 1) subvencionar la eliminación de quince mil puestos de trabajo fijo en Cajas de Ahorro y Bancos, 2) reforzar la solvencia de las entidades que lo necesiten, aunque no lo merezcan, 3) regalar dinero a la entidad que se fusione, absorba o compre a otra quebrada o amenazada. La garantía para estas inyecciones de dinero fácil, barato y en algunos casos gratis, es de papel. La socialdemocracia aplica un socialismo al revés: socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias de los ricos. Con la burbuja inmobiliaria pinchada y la amenaza de quiebra de nuestro «virtuoso» sistema financiero, llegan los despidos y el aumento del paro. Con la crisis, las empresas claman por su derecho a «crear riqueza». Esto significa redoblar las agresiones contra quienes, en pleno crecimiento, ya eran víctimas de despidos en masa, EREs fraudulentos, cambio arbitrario de jornadas, libranzas y ritmos de trabajo, suspensión de derechos laborales, sindicalismo amarillo único, explotación, paro y trabajo sumergido, amenaza de movilidad geográfica, retraso de la edad de jubilación, obligación de aceptar cualquier empleo a quienes cobran el paro y represión a quien diga no.

El «milagro español», hecho de especulación y explotación de las y los trabajadores más indefensos, no se explica sin la «modernización» de la izquierda y el sindicalismo. Dicha modernización consiste en poner la protección del beneficio empresarial por delante del respeto a los derechos humanos y sociales. No hay ninguna diferencia entre la derecha tradicional y la izquierda sindical y política, sobrevenida en nueva derecha, a la hora de considerar al capital como el verdadero sujeto de derechos, frente a los derechos de los ciudadanos y los pueblos.

En el Estado español, la izquierda realmente existente es el PSOE. Este partido, que ha pervertido la mejor memoria del socialismo, ha vampirizado el comunismo y el sindicalismo, penetrando en casi todos los movimientos sociales y convirtiéndoles en una oposición leal, controlada y subvencionada. Sin movimientos populares autónomos, fuera de esta trama sólo quedan buenas intenciones, marginación y resentimiento sectario.