El Tribunal Superior valenciano archiva la causa contra Camps
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha ordenado el sobreseimiento de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del PP por cohecho pasivo en relación a su presunta implicación en el «caso Gürtel». La decisión levantó ampollas en la clase política, mientras que el Gobierno español anunció de inmediato que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo judicial.
GARA |
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado el archivo de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho al considerar que no hay relación directa entre «el pago de prendas» y los «agasajos» que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.
El archivo de la causa afecta también a otros tres altos cargos del PP implicados, igualmente, en la rama valenciana del «caso Gürtel»: el portavoz de las Corts Valencianes, Ricardo Costa; el ex vicepresidente valenciano, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.
El auto judicial, dictado el sábado y hecho público ayer, incluye el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la Sala, Juan Montero, quien cuestionó la interpretación del artículo referido al cohecho impropio que hacen el resto de jueces y admite no estar «convencido» de que los hechos «no sean constitutivos de delito», como se argumenta en la resolución.
Montero sólo comparte el sobreseimiento de la causa contra Ricardo Costa, al estimar que en el cargo de diputado no es posible establecer conexión entre los regalos y su función, porque eso supondría que Costa es capaz de «conseguir aunar las voluntades suficientes para aprobar una ley».
El auto judicial admite que los cuatro imputados podrían poseer prendas de vestir pagadas por Orange Market, empresa vinculada a la trama corrupta, pero explica que debe existir una conexión entre la aceptación de «regalos» y la «función de la autoridad» que lo recibe y estima que los imputados no tenían «ninguna relación respecto de la adjudicación de contratos obtenidos por la sociedad Orange Market, no constando tampoco que tales obsequios fueran por agradecimiento».
Anuncio de recursos
Las reacciones a la decisión de tribunal fueron inmediatas, no sólo por parte de la clase política sino también con el anuncio de recursos. En primer lugar lo hicieron la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, pero no tardó en llegar el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, quien expresó su respeto a la decisión del TSJCV de archivar la rama valenciana del «caso Gürtel», al tiempo que manifestó que que la Fiscalía General del Estado va a recurrir el fallo. Desde Costa Rica, Fernández de la Vega pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, «menos gracietas y más respeto a todos los ciudadanos».
El PP, además de reiterar la «honorabilidad» de Camps y lamentar la «inquisición» vivida por su partido, consideró que el recurso de la Fiscalía General evidencia que el Gobierno español «ha estado siempre detrás de la manipulación del `caso Gürtel' y de su utilización contra el PP».
Las reacciones a la decisión del TSJCV no se hicieron esperar. El PP se mostró eufórico por lo que consideró el triunfo de «la Justicia y el sentido común» y el propio Francisco Camps realizó una declaración institucional subrayando el respeto por el fallo y su compromiso de seguir trabajando «por la prosperidad» del pueblo valenciano y de los españoles. Su Ejecutivo insistió en que la implicación del president es «un montaje del Gobierno socialista contra Camps y la institución que representa» y el conseller de Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, instó al PSOE a «pedir perdón públicamente por las insidias que ha vertido injustamente sobre la honorabilidad» de Camps.
Desde el PSPV-PSOE, su secretario general, Jorge Alarte, señaló que «acata y respeta el auto y la actuación de los magistrados, aunque no lo comparte». Éste afirmó que Camps «ha mentido a las Corts y a los valencianos», por lo que exigió que asuma sus «responsabilidades políticas» y comparezca en las Corts, y se mostró convencido de que sus responsabilidades se dirimirán en el Parlament o bien en las urnas.
Por su parte el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Agustí Cerd, aseguró que aunque el TSJCV haya archivado de forma «escandalosa» la causa contra Camps, continúa siendo «inmoral» que éste «aceptase» trajes de un personaje como Alvaro Pérez, «El Bigotes», director de Orange Market. Según Cerd, este tipo de decisiones judiciales ponen de manifiesto que «la transición política nunca llegó a la Justicia y sigue sin llegar».
