Italia aplica ya la ley de las patrullas callejeras y contra la inmigración
Hoy entra en vigor en Italia la nueva ley sobre seguridad promovida por el Gobierno de Berlusconi y aprobada por el Parlamento, que contempla como delito la inmigración irregular y establece la posibilidad de que ciudadanos voluntarios autorizados patrullen las calles. Esta medida sigue siendo muy cuestionada por su semejanza con la iniciativa de patrullas ciudadanas promovida por el ultraderechista MSI-DN, heredero del Partido Fascista, y presentada el 13 de junio.
GARA
Italia vivió ayer en medio de un gran debate las últimas horas antes de la entrada en vigor, hoy, de la polémica ley del Gobierno de Silvio Berlusconi que considera delito la inmigración irregular y autoriza la rondas callejeras de ciudadanos voluntarios.
Más de un mes después de la aprobación de la nueva ley de seguridad en el Parlamento, el pasado 2 de julio, el debate en el seno de la clase política sigue aún abierto, sobre todo en el ámbito municipal y en lo que concierne a las patrullas ciudadanas.
De hecho, y cuando la actividad política se encuentra paralizada, la entrada en vigor de la ley de seguridad, promovida por el ministro de Interior, Roberto Maroni, se ha convertido en el tema que acapara la mayor atención en los medios de comunicación estos días.
En los últimos días, la prensa ha preguntado a los alcaldes sobre su disposición a coordinar las rondas de voluntarios que darán apoyo en la vigilancia callejera a la Policía y a los militares, que ya patrullan las grandes ciudades y cuyo cupo amplió recientemente el Gobierno a los 4.250 soldados, número que según dijo ayer Berlusconi no descarta incrementar.
Tal despliegue evidencia la preocupación que la seguridad ciudadana supone para el Ejecutivo, sobre todo para uno de sus socios, la Liga Norte (LN), partido federalista y con tintes racistas y en el que milita Maroni.
Son precisamente los alcaldes del norte del país, más industrializado y rico y que vota preferente a la Liga Norte, los que se muestran más dispuestos a acoger las rondas ciudadanas. En el centro y el sur, por el contrario, son más reticentes, según los datos publicados estos días.
Y es que, a pesar de que el Gobierno excluyera ningún tipo de referencia ideológica, hay quien no olvida a la «Guardia Nacional Italiana», la iniciativa de patrullas voluntarias promovida por la formación de ultraderecha Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional (MSI-DN), heredera del prohibido Partido Fascista, que fue presentada el pasado 13 de junio y cuyos uniformes disponen de elementos que recuerdan claramente a la época fascista de Mussolini.
El propio Maroni defendía en una entrevista publicada ayer por «Il Corriere della Sera» las rondas que su propio decreto ley promulga y anunciaba que se plantea, incluso, rebajar de los 25 a los 18 años la edad mínima para participar en ellas.
La otra gran cuestión de la nueva ley de seguridad es que tipifica como delito la inmigración irregular, que no conllevará penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión, y con la que se obliga a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados - excepto médicos y directores de centros educativos-.
El Gobierno de Berlusconi ha pedido que se abstengan de denunciar a las asistentas de hogar y cuidadores que no tengan sus papeles en regla para darles tiempo a que puedan conseguir el permiso de residencia y las familias italianas no sufran las consecuencias de la ley.
Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que el ciudadano tunecino Ali Ben Sassi Toumi, de 44 años, está expuesto a sufrir torturas y malos tratos después de que las autoridades italianas lo devolvieran el domingo a su país de origen. Denunció que el tunecino se encuentra recluido en régimen de incomunicación y que sus familiares no conocen su paradero.
Ben Sassi Toumi fue detenido al llegar desde Italia al aeropuerto de la capital de Túnez. Envió un mensaje sms a su esposa a Italia para decirle que había llegado, pero no se reunió con un amigo que lo estaba esperando en el aeropuerto, «y su familia no sabe nada de él desde entonces».
Según AI, se cree que está recluido en el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. «Las personas detenidas en régimen de incomunicación están expuestas a sufrir tortura y malos tratos», advirtió.
Las autoridades tunecinas no han informado a ningún pariente directo en Túnez ni del motivo ni del lugar de su detención, tal como fija la ley.
Ali Ben Sassi Toumi fue excarcelado en Benevento, Italia, el 18 de mayo, tras cumplir cuatro años de una condena de seis que le había sido impuesta por el cargo de pertenecer a una «célula terrorista» en Italia y reclutar combatientes para la insurgencia en Irak. Roma rechazó su solicitud de asilo y desde su excarcelación estuvo recluido en un centro de detención de los servicios de inmigración.
Fue devuelto a Túnez a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido tres veces a las autoridades italianas que suspendieran su expulsión, porque corría riesgo de sufrir tortura y malos tratos.
