La Suprema Corte de Justicia de México (CSJN) decidió el miércoles suspender las sentencias contra 20 de los condenados por la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó (Chiapas) y en la que murieron 45 personas, tras hallar irregularidades en el proceso. Los veinte indígenas dejaron de madrugada la prisión de El Amate.

Cuatro de los cinco magistrados de la sala llegaron a la conclusión de que la Procuraduría General de la República (Fiscalía) junto con los jueces que en su momento condenaron a los indígenas, violaron gravemente sus garantías procesales al fabricar pruebas y testimonios. Por eso, los magistrados ampararon a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos, al desechar definitivamente todas las pruebas que los inculpaban. Sobre los otros seis deberá emitirse una nueva sentencia, pero sin tomar en cuenta las pruebas desechadas.

En los próximos días, al menos otros 30 implicados en aquella matanza pueden verse beneficiados con una resolución similar, la cual, no obstante, no implica la absolución ni un reconocimiento de la inocencia.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas tzotziles que rezaba en una ermita de la comunidad de Acteal fueron atacados por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad de Las Abejas, 21 mujeres -4 de ellas embarazadas- y 15 niños.

La matanza forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro de Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, ambos del PRI. Los arrestos comenzaron al día siguiente y en junio de 1999 las autoridades informaron de que habían sido detenidas cien personas, 86 de las cuales fueron condenadas a entre 20 y 40 años de cárcel.

Los agresores eran simpatizantes del PRI y estaban enfrentados con sus víctimas, desplazados en un Estado dividido desde 1994 entre simpatizantes y detractores del EZLN. Para muchas ONG aquellos hechos constituyeron un «crimen de Estado» del que responsabilizaron al PRI.

La organización civil Las Abejas esperaba este fallo judicial y había advertido sobre un posible rebrote de la violencia en Chiapas derivada de la concesión de los amparos. Los familiares de las víctimas se mostraron «muy indignados» por el fallo e insistieron en reclamar justicia, tras concluir que los magistrados optaron por «apoyar a los criminales».

María Vázquez, que perdió a nueve miembros de su familia, demandó al máximo tribunal y a las autoridades que «si liberan a los presos, resuciten a los muertos», y demandó la solidaridad de la comunidad nacional e internacional ante el temor por la seguridad de Las Abejas.

El diario «La Jornada» sostiene que la sentencia avala su tesis en torno a la participación directa de altas esferas del Gobierno panista e intelectuales afines para revisar el caso y lograr la liberación de los autores utilizando la manquinaria mediática.