Ayuda insuficiente de 420 euros para los parados sin recursos económicos
Las sucesivas reformas laborales han precarizado el empleo y han perjudicado a los trabajadores en el cobro de prestaciones y subsidio al estar en el desempleo. Se ampliaron los plazos de cotización y se redujeron las cantidades y los meses de percepción de las ayudas. Esos recortes salen a la luz en tiempos de crisis. Así, un tercio de los trabajadores vascos no tiene prestación económica y la precariedad del mercado laboral impide que acumulen tiempo cotizado.
Juanjo BASTERRA
El Gobierno español aprobó ayer en un Consejo de Ministros extraordinario una ayuda económica de 420 euros al mes -14 euros al día- a los parados que hayan agotado el cobro de prestaciones económicas. Esta cantidad representa el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) y es, a su vez, un 60% inferior al límite del umbral de la pobreza, que se establece en poco más de los mil euros al mes en Hego Euskal Herria, con lo cual es una cantidad insuficiente para llevar adelante una vida digna.
Se podrá cobrar, según se aprobó ayer, durante un máximo de seis meses, siempre y cuando la tasa de paro no baje del 17% en el conjunto del Estado español. Según el Gobierno español, la medida beneficiará a un conjunto de 340.000 desempleados, un 10% de los parados existentes, y se calcula que serán alrededor de los 15.000 parados vascos los que puedan acceder a la misma a partir de setiembre. La medida estará sustentada por una inyección económica de 642 millones desde las arcas de los servicios públicos de empleo, procedentes de las cotizaciones que los trabajadores realizan cada mes.
La crisis económica ha disparado los niveles de desempleo en el Estado español. En Hego Euskal Herria se ha duplicado la tasa de paro en medio año, hasta alcanzar ya al 11,35% de la población activa.
Problema social
El fuerte aumento del desempleo está generando un problema social importante, ya que en Hego Euskal Herria son ya 154.434 las personas en situación de paro al mes de julio, pero de ellas 50.544 personas no disponen de prestación económica alguna, según los datos oficiales, al haber agotado el período de cobro de prestaciones y subsidios o no tener derecho a su percepción. Además, la medida del Gobierno español no garantizará, como es evidente, una ayuda económica a todos aquellos parados sin prestación.
Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este programa supone «una medida extraordinaria, de duración limitada», con la que se pretende «paliar los efectos de la crisis entre los que más la sufren». Además, el perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo. Los beneficiarios dispondrán de dos meses desde el momento que hayan agotado su prestación para solicitar la ayuda.
Desfase
Durante la época de pleno crecimiento económico, se ha producido una elevada y abusiva rotación de los empleos. En este momento, los empresarios han provocado un parón en la contratación laboral, lo que ha hecho que se haya incrementado en un 49,7% el número de prestaciones económicas entre final de 2008 a julio de 2009.
Son 50.544 personas en paro los que no perciben ayuda económica. No es el nivel más elevado. En 2000 esa cifra alcanzó a 69.400 parados sin prestación económica. La diferencia está en que en la actualidad la contratación laboral está prácticamente parada, mientras que hace nueve años la rotación del empleo precario generaba el aumento parados sin ayuda.
Los últimos datos oficiales confirmaron que 50.544 parados vascos no cuenta con prestación económica para sobrevivir. De éstos, algo menos que la tercera parte podrá optar a la ayuda especial establecida por el Gobierno español.
La iniciativa del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero supone 14 euros al día a un parado que se queda sin prestación económica. Es una cantidad insuficiente para poder desarrollar una vida digna.
En los últimos veinticinco años se han sucedido reformas laborales que han empeorado las condiciones de trabajo y una merma en la obtención de prestaciones económicas para los trabajadores.
Desde 1992 y 1993, sobre todo, se impulsó la reforma de la protección por desempleo, que conllevó enormes recortes para los trabajadores. Destaca la ampliación del período mínimo de cotización exigido para generar derecho a una prestación. De seis meses se pasó a 12 meses, y se recortó la duración de la prestación. Por un año de cotización se pasó de seis a cuatro meses de prestación económica. Pero es que se redujo también la cuantía al pasar del 80% de la base de cotización al 70% en los primeros seis meses de cobro del paro y, a partir de esa fecha, al 60% de la cotización.
El desempleado debe cotizar el 65% en la cotización a la Seguridad Social, cuando hasta entonces corría a cargo del servicio público. También se produjeron cambios importantes en cuanto a los topes mínimos de la prestación contributiva, porque de poder recibir el 100% del salario mínimo interprofesional se pasó al 75%. Se eliminó la exención fiscal que disfrutaban las prestaciones por desempleo, ya que se consideran rendimientos del trabajo a efectos tributarios. También se endurecieron las sanciones y las infracciones que daban lugar a la desestimación de una prestación. Todos estos elementos supusieron un recorte muy importante para los parados, porque se obligaba a éstos a aceptar determinados trabajos o se perdía la ayuda económica. J. BASTERRA
