Las necesidades propagandísticas de un gobierno sin legitimidad democrática, en consonancia con la estrategia puramente represiva de un estado incapaz de ofrecer soluciones racionales para sus conflictos, convirtieron la denuncia de la flagrante vulneración de derechos de los presos políticos vascos en «enaltecimiento del terrorismo». La idea se extendió a todo Hego Euskal Herria y las consecuencias de eso que perfectamente podría haber pasado por una broma -eso sí, de muy mal gusto- se vienen sucediendo desde antes del verano y agravando día a día. Las fiestas de los pueblos de Hego Euskal Herria son el principal escenario elegido para, por encima de la indignación que provocan en la población, lograr el efecto propagandístico perseguido. El último episodio de esa deriva represiva ha sido la imputación por la Audiencia Nacional española de los propietarios y las encargadas de dos bares de Iruñea por negarse a retirar de sus locales las fotos de los presos políticos vascos. No sorprende que haya jueces que en absolutamente todo lo referente al conflicto que padece Euskal Herria coincidan milimétricamente con las directrices del Gobierno, lo cual no quiere decir que tal proceder no resulte escandaloso.