Cuando el personal quiere diversión, los miserables, como aburridos que son, intentan impedírselo. Si los miserables detentan el poder que otorga el Estado; utilizarán los cuerpos armados a su servicio para conseguirlo. Así, de repente se cuelan en las fiestas populares esos sujetos con aspecto de humanos ataviados con uniformes de varios colores cuya sola diversión, por llamarla de alguna manera, es acudir diariamente al gimnasio como forma sustitutiva a un complejo de castración tanto física como intelectual.

Ellos cumplen órdenes: golpean. Es lo único que sus pobres cerebros pueden ordenar a su atlético cuerpo. Golpean al que manifiesta su alegría de forma no oficial porque dichas manifestaciones, que siempre les resultan sospechosas, devienen ilegales por la gracia de unos togados faltos de la misma que aplican aquello de «para el amigo el favor y para el enemigo la justicia».

Ahora dicen que la presencia de fotografías de presos en lugares de diversión resultan, por sí solas, apología del terrorismo. Lo dicen gentes que sus despachos, sedes y cuarteles los presiden retratos de un Borbón que puso Franco al lado de una bandera, la monárquica rojigualda: símbolo de un alzamiento militar que se cobró la vida de cientos de miles de personas.

Hay que joderse con los demócratas de mierda.

No les gusta Sonia Polo, la txupinera elegida por los organismos populares, los que elevaron la Aste Nagusia a la categoría de fiesta. A buen seguro preferirían a Basagoiti con peineta y mantilla de encaje y seda negra a lo doña Leocadia Zorrilla. Los del PPSE no acudirán al txupinazo. El apenado pueblo lo sobrellevará.

En Nafarroa, como parece que aquí siempre sea «y dos huevos duros más», el juez que fuera director de Justicia de los gobiernos de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana quiere cerrar dos bares porque en su interior se muestran retratos de presos. Al parecer, como lo de Guantánamo y Ellacuría en El Salvador le viene un poquito grande por aquello del Imperio, más fácil para el estrellato le resultan unas fotografías.

Todo bar es un espacio público, pero no de obligada visita para la ciudadanía. Quien no quiera entrar no entra. Es así de sencillo. Pero no es eso, no. Se trata de ahogar la disidencia en cualesquiera de sus formas; una mala política que siempre produce lo contrario a lo buscado.

No tienen, al parecer, los jueces y los policías españoles delitos que perseguir. ¿Acaso no garantiza la constitución española el derecho al trabajo, a remuneración suficiente, a una distribución de la renta más equitativa, a una política orientada al pleno empleo, a una vivienda digna y adecuada y a impedir la especulación con el suelo? ¿No ha existido irregularidad alguna en el comportamiento de ningún banquero en la actual crisis? ¿Ninguna corrupción punible? Más de cuatro millones en el paro; los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres; la vivienda un lujo asiático y ningún detenido, nadie llamado a declarar. Curiosa la justicia impartida por los jueces.