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Evidencia de que no hay libertad de expresión

La manifestación convocada en Bilbo para denunciar la falta de libertad de expresión ha sido prohibida por el Ejecutivo de Lakua. A la obsesiva cruzada por borrar las fotos de los presos políticos se suma así un nuevo despropósito. Dentro de la clase política institucional nadie parece advertir la paradoja de denegar el derecho a manifestarse en favor de la libertad de expresión. Ni las consecuencias que ello acarrea a un sistema que quiere hacerse pasar por democrático.

En su alocución en fiestas de Gasteiz, donde reprodujo el tristemente famoso lema utilizado por Fraga «la calle es nuestra», Patxi López dijo también que «las protestas por la acción de un gobierno son legítimas y necesarias en una sociedad democrática». Pero, visto lo ocurrido desde entonces hasta ahora, ¿a qué protestas se refería? Son acciones de los gobiernos que ostenta su partido, tanto en Gasteiz como en Madrid, la dispersión de presos vascos, la legislación especial que permite la tortura, la prohibición sistemática de manifestaciones, la ilegalización de partidos, el cierre de medios de comunicación, los macrosumarios contra organizaciones políticas, la humillación de las víctimas generadas por el Estado, la negación de una salida negociada al conflicto político vasco... Y toda protesta que vaya dirigida a criticar alguna de esas políticas es preventivamente prohibida y violentamente reprimida. Siguiendo su lógica, él mismo debería aceptar que su acción de gobierno no se corresponde con la de una «sociedad democrática».

Llegados a este punto, la demostración flagrante de que en Euskal Herria no existe libertad de expresión es que no se pueden realizar manifestaciones ni siquiera para criticar que se prohíban otras manifestaciones. Negando así la posibilidad de crítica política a quienes, pudiendo no estar de acuerdo con la primera manifestación, podrían pensar que prohibirla no está bien. También es cierto que, con la excepción de los movimientos populares asociados a la organización de las fiestas, el resto de partidos y agentes sociales que deberían defender esta postura miran para otro lado y acatan.

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