Estos últimos días hemos visto y leído en distintos medios de comunicación cómo los esfuerzos de las mujeres afganas por hacer cumplir sus derechos no han tenido respuesta por parte del Gobierno. En el mes de abril las mujeres afganas, junto a otros colectivos por los derechos humanos, organizaron una campaña para denunciar la aprobación de la Ley del Estatus Personal para la población chiita del país, legalizando la discriminación al no respetar los derechos y la dignidad de las mujeres, permitiendo incluso la violación en el matrimonio.

Después de la presión tanto del movimiento de mujeres como de las organizaciones e instituciones internacionales, parecía que se había logrado la revisión de la misma. Aún así, como ha denunciado la organización Human Rights Watch, finalmente esta Ley ha entrado en vigor de manera casi inadvertida con mínimas modificaciones a la propuesta inicial e incluyendo aspectos contrarios a los derechos de las mujeres, como otorgar al marido el derecho a retirar la manutención básica a su esposa, incluyendo los alimentos, si ella se niega a obedecer sus exigencias sexuales, o requerir que las mujeres obtengan el permiso de sus maridos para trabajar o para salir de casa.

Nos encontramos ante una situación que comienza a ser cada vez más común: gobiernos denunciados por permitir e incluso promover acciones contra los derechos de las mujeres y que al mismo tiempo firman declaraciones internacionales contra la discriminación.

¿Cómo comprender que Afganistán cuente con una Constitución que dice que hombres y mujeres tienen iguales derechos y deberes y al mismo tiempo apruebe una ley que obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales con su marido, que se promueva la participación de las mujeres en el Parlamento y las que participan en la vida pública estén amenazadas, que el Gobierno haya firmado la convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y expulse del Parlamento a activistas a favor de los derechos humanos como Malalai Joya y mantenga índices altísimos de violencia contra las mujeres?

En todos los lugares del mundo el logro del cumplimiento de los derechos de las mujeres y la eliminación de la discriminación está siendo un proceso que necesita de tiempo y de herramientas concretas. Entre ellas los cambios legislativos por la igualdad, como lo fue la aprobación de la igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres en la constitución de Afganistán en 2004. Aunque no son la solución única a las desigualdades de género, son una pieza clave que debe ir unida a cambios más sociales y culturales. Pero no podemos dejar que algunos de estos avances se utilicen como cortina de humo para encubrir el mantenimiento de la desigualad y la falta de voluntad política para el logro de un cambio real en las relaciones entre mujeres y hombres.

Quizás las elecciones presidenciales y provinciales del pasado jueves tengan algo que ver, y las alianzas políticas entre los distintos grupos de poder sigan manteniendo intereses muy lejanos a los derechos humanos de las mujeres o, peor aún, intereses por mantener a través del Estado las desigualdades entre mujeres y hombres o utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio político.

La continua vulneración de los derechos de las mujeres de forma tan brutal tanto cerca de nuestros barrios como a nivel internacional tiene que hacernos consientes de la necesidad de seguir denunciando y manteniendo la presión social, instando al Gobierno afgano, en este caso, y a nuestros gobiernos a revisar y cambiar ésta y cualquier otra ley que mantenga la discriminación de las mujeres.