Responsables y técnicos del Departamento guipuzcoano de Política Social trabajan desde hace tiempo en este protocolo que pretende «proteger la salud tanto de los usuarios como de los trabajadores», según explicó ayer la diputada Maite Etxaniz. La población atendida en los centros residenciales y en los centros de día está considerada en su gran mayoría entre los grupos de riesgo definidos por Osakidetza, por lo que, según Etxaniz, «está clara la necesidad de adoptar las medidas preventivas establecidas por los responsables sanitarios».

En el caso de los servicios sociales, una hipotética expansión de la enfermedad entre los trabajadores del sector «afectaría en la atención tanto residencial como diurna a personas mayores, discapacitadas y menores tutelados», detalló.

Se ha puesto en marcha una comisión técnica que elabora el plan de acción, que tendrá un desarrollo «gradual y progresivo» en función de la incidencia real de la enfermedad, lo que permitirá «reaccionar con agilidad» a los diversos grados de intensificación de la pandemia.

El protocolo establece una estrategia para la asistencia de las personas atendidas desde los servicios sociales, complementaria con las actuaciones sanitarias de control de la enfermedad, «basada en la información a la red de servicios sociales, la coordinación interinstitucional y la concienciación social».

Incluye sugerencias de carácter general, así como indicaciones específicas para centros residenciales y centros de día, entre las que se incluye un listado de niveles de atención básica que deben tener los usuarios de estos servicios. Estas últimas indicaciones específicas también se establecen para los pisos de atención a la dependencia y centros de menores.