Con autorización judicial o sin ella, lo cierto es que los teléfonos -voz y mensajes- e incluso el correo electrónico no son un medio de comunicación seguro, al menos en Euskal Herria. La conciencia sobre la vulnerabilidad de las comunicaciones es tal en este país, que incluso altos dirigentes de partidos legales dejan sus móviles fuera de los despachos cuando van a mantener una reunión en la que pueda hablarse de cuestiones políticamente «sensibles». Porque cualquier teléfono puede convertirse en un micrófono indiscreto. Que se lo pregunten, si no, a la periodista a la que un día un familiar llamó a su casa y escuchó la grabación de la conversación que el día anterior había mantenido con su hijo en la sala donde está el teléfono.

Un cruce de cables, ya se sabe. Como el que llevó a descubrir que las llamadas a la redacción de GARA en Iruñea tenían un ramal directo hasta la comisaría de la Policía de esta capital, o a comprobar que -tirando, tirando- la centralita de la sede de HB de Gasteiz estaba conectada directamente con el piso superior, donde el Cesid había instalado un completo estudio de grabación. El espionaje a la formación independentista -legal, cuando se destapó el montaje en 1998- tuvo una instrucción judicial continuamente torpedeada y la condena inicial en Gasteiz a agentes y directores del Cesid acabó con absoluciones e indultos cuando los recursos llegaron a Madrid.

Las evidencias son tales que el propio Parlamento de Gasteiz acordó el 2 de diciembre de 2004 «mostrar su rechazo y condena de las prácticas de seguimiento, vigilancia o intervención de comunicaciones de que han sido objeto miembros electos de esta Cámara», al tiempo que exigía «al Gobierno del Estado la remisión de toda la documentación que obre en su poder o en el del CNI o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado, referida a miembros electos del Parlamento Vasco».

El acuerdo se refería a una «nota informativa del CNI» que desvelaba que en los días posteriores al 11-M se habían controlado conversaciones entre el presidente de ERC, Josep LLuis Carod Rovira, y el dirigente abertzale y parlamentario Arnaldo Otegi, y de éste con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y con el representante de EA, Rafael Larreina.

El PNV denunció en 2003 que los teléfonos de su grupo en el Congreso de los Diputados sufrían ruidos extraños y saltos de número, hasta que un día escucharon reproducida una conversación de la víspera. La denuncia -como la petición del Parlamento y tantas otras- quedó en nada. Sobre la sede de EA en Donostia se descubrió también en 1998 un extraño dispositivo de espionaje. Y dirigentes de este partido pudieron comprobar hace pocos meses la «eficacia» del Estado cuando la Policía llegó a los alrededores de su sede antes que los invitados a los que esperaban para una reunión. LAB ha denunciado la intervención de sus teléfonos durante años. La llamada de un líder sindical al presidente del CES fue utilizada en su día para ilegalizar una candidatura electoral.

Diga lo que diga el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, aquí todos saben que cuando marca determinados números siempre puede haber alguna oreja de más al otro lado del teléfono. Y hay quien incluso aprovecha esas llamadas para saludar a «Morales».