El Gobierno que preside Patxi López manifestó ayer su criterio contrario a la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de Aralar en la que se pedía una regulación de la garantía del derecho de ciudadanas y ciudadanos a una vivienda digna.

El Ejecutivo autonómico ha desestimado la iniciativa de Aralar aduciendo que esta regulación «debe partir de un consenso previo entre los sectores sociales implicados junto con las diferentes administraciones públicas». Pese a que, por su parte, el Ejecutivo no ha presentado ninguna alternativa, indicó que una regulación de la política de vivienda como la que se pretende llevar a cabo debe contar también con las empresas concernidas, sin especificar a cuáles se refiere.

Sin ir más allá de la promesa, el Ejecutivo del PSE se ha comprometido a promover «a la mayor brevedad» los contactos y negociaciones precisas para avanzar en el tema.