Desaparecen como tragados por un agujero negro». Amnistía Internacional no puede ser más gráfica a la hora de referirse a los detenidos a los que se aplica el régimen de incomunicación mientras permanecen en dependencias policiales españolas para ser interrogados. Como tampoco podría ser más contundente al exigir al Parlamento español que derogue una legislación que «viola los derechos de las personas privadas de su libertad» y que incumple «hasta un total de siete pactos, convenios y reglas internacionales que tratan de garantizar los derechos de las personas detenidas».

El organismo antirrepresivo hizo ayer público un informe en el que se constata que la incomunicación es una práctica sistemática: la Policía la solicita por sistema y, también por sistema es concedida por el juez, cuyo interés por la detención y los interrogatorios en dependencias policiales es nulo. A partir de ahí, el detenido no sólo se ve privado de un abogado de confianza, sino que comprueba cómo el de oficio ve seriamente limitadas sus funciones: no se le permite presenciar ciertos interrogatorios «informales» (aunque éstos son utilizados luego en las acusaciones) ni hablar a solas con su representado. El detenido tampoco puede reclamar un médico de su confianza, y, en la práctica, los reconocimientos médicos se producen en presencia de la Policía, con el grado de intimidación que ello supone. Además, estudios independientes han puesto de manifiesto que los «informes» de esos médicos no se atienen, ni de lejos, a los estándares y protocolos internacionales en materia forense.

El riguroso informe de AI pone al descubierto toda la compleja arquitectura desarrollada a lo largo de los años por el Estado español para convertir el régimen de incomunicación en un sistema perfecto que otorgue una libertad omnímoda a los policías en sus interrogatorios y, a la vez, les garantice una total impunidad. Un «agujero negro» que se trague sin dejar rastro todas y cada una de las conculcaciones de los derechos de los detenidos, inermes ante un todopoderoso Estado.