La ONU hizo ayer públicas las conclusiones de la investigación que ha realizado sobre la operación militar israelí «Plomo Fundido» en Gaza, en las que acusa al Ejército sionista de cometer «crímenes de guerra», tras atacar de manera deliberada a la población civil durante el conflicto de los pasados meses de diciembre y enero. No merece la pena detenerse demasiado en esta conclusión, a la que hace mucho tiempo que había llegado medio mundo y que, por lo tanto y como casi siempre en la ONU, suena a tardía en el tiempo y a desactivada en las consecuencias.

Lo que sí llama la atención es que, junto a la crítica contundente contra Israel, la ONU adjunte otra, al mismo nivel, contra Hamás. Extraña sobremanera que un análisis que tiene como objetivo principal la ofensiva israelí termine por acusar también a los palestinos, es decir, que la fiscalización de los agresores se extienda a los agredidos para, a la postre, igualarlos en el capítulo de las responsabilidades. El ataque hebreo arrebató la vida a 1.400 personas en dos meses, los de Hamás apenas han causado veinte muertos en siete años. Las cifras hablan por sí mismas.