Soledad GALIANA I

La división política entre aquellos que apoyan y se oponen al Tratado también se repite, con la excepción de algún diputado independiente que en esta ocasión se ha aliado con el Gobierno. De nuevo, los tres partidos en la coalición de Gobierno (Fianna Fail, los Verdes y el defenestrado PD), junto con los dos partidos principales de la oposición (Laboristas y conservadores de Fine Gael) apoyan el Tratado -con el respaldo de los principales diarios, que les han concedido un 20% más de espacio que el otorgado a aquellos que piden un voto negativo-.

Sinn Féin sigue siendo el único con representación en el Parlamento de Dublín que se opone. A él se suman sindicatos -entre ellos el mayoritario Unite-, el Partido Socialista -cuyo líder, Joe Higgings, arrebató a Sinn Féin su escaño en el Parlamento Europeo por Dublín-, y otros partidos y organizaciones sociales de izquierdas que ven cómo el Tratado prioriza el beneficio empresarial sobre los derechos de los trabajadores y da la puntilla a la educación y sanidad pública.

Entre los que se oponen también hay grupos extremistas católicos, como Cóir, que consideran que el documento da poderes a la UE para imponer la legalización del aborto y la eutanasia en Irlanda, o la organización neoliberal Libertas, cuyo líder, Declan Ganley, reapareció en la campaña pese haber anunciado su retirada de la política después del traspiés electoral de su formación en las europeas.

Quizás por ser la segunda vez y más que nada por haber obtenido una derrota en una votación que consideraban ganada, la virulencia de la campaña desde aquellos que apoyan el «sí» no deja de sorprender. Resulta igualmente sorprendente el desembolso económico que estos partidos han hecho en un momento de grave crisis. Los índices de desempleo en Irlanda sólo son superados por los del Estado español. Aquella explosión económica irlandesa que tanta admiración despertó se ha quedado en papel mojado. Claro que cuando se está tan arriba, la caída resulta más dura, y el batacazo ha sido espectacular.

Es precisamente la situación económica, más que la opinión política sobre Europa, la que podría determinar el resultado del referéndum. El socio mayoritario de Gobierno, Fianna Fail, ha tocado fondo en las encuestas de intención de voto, mientras que los Verdes siguen el mismo camino que el PD, partido que se disolvió tras sus malos resultados electorales.

Los irlandeses responsabilizan al partido del primer ministro, Brian Cowen, de la actual crisis por haber gestionado de manera deficitaria los superávit de los que la Hacienda irlandesa gozó en los últimos doce años. A ello se unen los escándalos de corrupción que han protagonizado ministros y altos funcionarios, y los consejos de administración de organizaciones estatales. La guinda en este pastel de desaciertos es la nueva iniciativa del Gobierno, llamada NAMA, que pretende salvar el pellejo de los bancos que realizaron préstamos salvajes a constructores a costa de nuevos recortes en los servicios públicos y en la financiación de proyectos sociales, y la suspensión de muchas de las ayudas directas de las que se beneficiaban discapacitados, la infancia o las familias con pocos recursos.

Un nuevo rechazo al Tratado de Lisboa podría sellar el final de este Ejecutivo, y desde Fine Gael ya se apunta a la posibilidad de elecciones en noviembre. Para evitarse este trance, tanto el Gobierno como la oposición parlamentaria insisten en que será la panacea a todos los problemas económicos.

Desde las filas de los que se oponen al Tratado, se apunta a que la celebración de este segundo referéndum es ya de por sí una bofetada a los irlandeses.

A ello se une que el documento siga siendo exactamente el mismo. El Gobierno de Cowen no ha logrado arrancar ninguna cláusula especial a la Comisión Europea que sirva para salvaguardar aquellas áreas por las que los irlandeses habían votado en contra.

En palabras de la que fuera europarlamentaria y actual vicepresidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, «el tratado de Lisboa fue un mal acuerdo para Irlanda y la Unión Europea en 2008. El Gobierno no consiguió un sólo cambio en este Tratado desde entonces. Sigue siendo un mal acuerdo».