Quito echa el cierre a la base de Manta en «un triunfo de la soberanía nacional»
El Gobierno de Ecuador asumió ayer el control total de la base aérea de Manta, donde las tropas estadounidenses llevaban a cabo operaciones antinarcóticos desde hacía una década. Para el Gobierno, la salida de las fuerzas extranjeras ha sido una «recuperación de soberanía nacional». Asimismo, la salida de EEUU refleja los frutos de una lucha desarrollada en estos diez años por organizaciones sociales y políticas que exigían el cese del acuerdo militar.
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«Ecuador es un territorio de paz y nunca más se permitirá la presencia de bases militares extranjeras», fueron las palabras del ministro ecuatoriano de Exteriores, Fánder Falconí, después de que las tropas estadounidenses abandonaran la base de Manta, que ocupaban desde hacía una década.
En una breve ceremonia celebrada en la base, que se encuentra en la provincia costera de Manabí, el Gobierno de Quito se felicitó por el «triunfo de la soberanía nacional» que supone asumir el control total de la base aérea donde EEUU realizaba operaciones antidrogas.
Falconí recordó que el convenio para el empleo de la base, suscrito en 1999, no fue aprobado por el pleno del Parlamento, sino sólo por la Comisión de Asuntos Internacionales y avalado por el canciller Heinz Moeller.
«No tuvieron escrúpulos en subordinar la soberanía del Ecuador», subrayó.
Ahora «es momento de la patria grande, de las transformaciones profundas y de la visión latinoamericana», reafirmó en su discurso, en el que le acompañaban el ministro de Defensa, Javier Ponce; y el de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.
Evitar la subordinación
Falconí pidió una «reflexión profunda» para «evitar relaciones basadas en la subordinación» y la presencia de bases extranjeras en territorio nacional.
«Sólo un pensamiento estratégico auténticamente sudamericano permitirá el fortalecimiento de la confianza y la creación de la confianza entre los países», apuntó el canciller ecuatoriano.
La salida de las tropas estadounidenses se produce dos meses después del último vuelo antinarcóticos de naves de ese país desde el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés), en Manta, el pasado 17 de julio.
El acuerdo para la utilización de la base por parte de EEUU fue suscrito en 1999 por el predecesor de Correa, Jamil Mahuad, por un período de diez años que concluía el próximo mes de noviembre.
El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció, en su llegada al poder en 2007, su determinación de no renovar el convenio y su firme oposición a la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. También fue uno de los compromisos adquiridos en su campaña electoral, en 2006.
Violación de derechos
El acuerdo rubricado por Mahuad recibió un amplio rechazo por parte de diversas organizaciones políticas y sociales, que denunciaban un aumento en las violaciones de derechos humanos, cuya autoría atribuían a las tropas extranjeras de Manta.
Según la televisora Telesur, esas demandas fueron recogidas por una comisión especial que elaboró un informe presentado recientemente a la Asamblea Nacional Ecuatoriana.
La misma fuente concretaba que los militares salientes de Manta podrían ser reubicados en tres de las siete bases (Palanquero, Apiay y Malambo) ofrecidas por Colombia, en un convenio que mantiene en tensión a otros gobiernos de la región, por considerarlo una amenaza a su soberanía.
La corresponsal de Telesur en Quito, Elena Rodríguez, denunció haber sido asaltada y agredida el miércoles, y ayer volvió a ser amenazada con una nota en su coche que decía «la próxima vez no te salvas, puta de [Rafael] Correa».
El Gobierno de Bogotá sigue empeñado en no dar detalles sobre el acuerdo suscrito con EEUU, que permitiría a Washington emplear al menos siete bases militares en territorio colombiano, cuestión que ha creado un gran rechazo en la región.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó el jueves la presencia de 500 militares estadounidenses en el país, prevista para el próximo año, por considerarla poco conveniente en tras el descontento provocado por el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia.
Dicho despliegue de tropas estadounidenses estaba enmarcado en el convenio de cooperación Nuevos Horizontes 2010, que contempla la realización de ejercicios en tropas de EEUU en suelo sudamericano.
«No es un rechazo categórico», aseguró el mandatario paraguayo, pero agregó que «simplemente no creemos conveniente que el Comando Sur de Estados Unidos esté presente en Paraguay con 500 efectivos para este tipo de ejercicios». Así, explicó que este rechazo no atañe al resto de operaciones, que se realizan con objetivos de carácter humanitario.
En este sentido, recordó un programa similar del gobierno predecesor de Nicanor Duarte (2003-2008), que desató fuertes críticas ante una eventual base militar en Paraguay.
El jefe de Estado explicó que el nuevo escenario generado por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en términos de defensa, seguridad y soberanía «apuestan por la integración en primer lugar».
Por su parte, la embajadora de la Casa Blanca en Asunción, Liliana Ayalde, indicó que el repudio paraguayo al pacto militar «es una decisión lamentable, pero la respetamos».
El vicepresidente del país sudamericano, Federico Franco, dijo que la decisión del Ejecutivo «no les cayó muy bien» a algunos diputados y añadió que los congresistas remitirán un pedido de informe sobre el rechazo del presidente Fernando Lugo al convenio militar. GARA
