Las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran que la retirada de fotografías de los presos políticos vascos «viola gravemente la libertad de expresión». La máxima institución del herrialde reprobó además, la actuación del Departamento de Interior de Lakua, al entender que su proceder no se sustenta con «ningún tipo de justificación legal». La moción fue aprobada ayer ,en la tercera jornada de su debate, por los junteros de Aralar, PNV, Alkarbide, EB y Alternatiba, e insta al Departamento que dirige Rodolfo Ares a que a la hora de autorizar las manifestaciones «tutele los derechos a reunirse, a manifestarse y a la libertad de expresión».

PSE y PP no aprobaron esta moción impulsada por Aralar y fueron muy críticos con ella, tildándola incluso, en palabras de la juntera del PSE Lore Suarez, como de «moción de censura».

Sin embargo, otro texto en el que se insta a la diputación foral a impulsar políticas públicas para la «deslegitimación del terrorismo» sí fue aprobado por PSE y PP, como por los junteros del PNV y Alkarbide. EB y Alternatiba se abstuvieron y la formación Aralar votó en contra de esta propuesta que reclama el fomento de valores democráticos con «amplias campañas divulgativas en todos los estamentos» de la sociedad guipuzcoana, y la «deslegitimación política y social del terrorismo de ETA y de las personas y colectivos que lo justifican o lo amparan».

La actitud favorable del PNV al respecto de las dos mociones fue censurada tanto por el PP como por el PSE, quien advirtió a los jeltzales que «en un tema como este no se puede estar con unos y con otros»; «el suelo ético que han lucido en este pleno de Política General no es que tiemble bajo sus pies, es que con esta moción no existe», añadió.

Comparecencia en la AN

Mientras que la persecución a las fotografías de los presos vascos era desaprobada en Gipuzkoa, un ciudadano vasco alargaba aún más la lista de camareros y administradores que se han visto obligados a comparecer ante la Audiencia Nacional española acusados de «enaltecimiento al terrorismo» por no retirar las imágenes de los represaliados de los establecimientos que regentan.

Ayer fue el etxarriarra Mikel Aldasoro, dueño del bar Derry, quien compareció ante el magistrado Fernando Grande-Marlaska. Aldasoro defendió en el tribunal especial que no retiró las imágenes por que él no entiende que las mismas enaltezcan el terrorismo y expuso la situación de su hermano Juan Kruz Aldasoro, que se encuentra en prisión provisional sin haber sido juzgado aún.

La Fiscalía solicitó el cierre del establecimiento, que el juez denegó. La Policía Foral volvió al mediodía de ayer al bar para comprobar la retirada de fotos.