Han pasado diez meses desde que el Parlamento de Gasteiz aprobara sendos informes en los casos Guggenheim y Balenciaga que concluían con las recomendaciones de establecer mecanismos de control en sociedades con participación pública para que no se pudiesen repetir las irregularidades que han rodeado la gestión de estos proyectos. Las medidas concretadas en relación a los dictámenes de las comisiones de investigación, sin embargo, aún no han llegado. Con el fin de explicar cómo ha avanzado el Departamento de Cultura desde que asumiera su cargo hace cinco meses, Blanca Urgell compareció ayer en la Comisión de Cultura. Su actuación ha seguido tres ejes principales: el impulso de una reforma legal para modificar la Ley de Régimen Presupuestario, que implica al Departamento de Hacienda y Economía, y la búsqueda de acuerdos con las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa para actuar desde las sociedades que gestionan los museos.

En el caso del Guggenheim, Urgell ha intentado impulsar un estudio «externo, riguroso e independiente» dentro de la Sociedad Tenedora del museo, que se encarga de la compra y colección de obras de arte. Este fin llegaba a raíz del dictamen aprobado en pleno por el Parlamento de Gasteiz y por el informe hecho público por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que, además de ratificar lo dicho por el legislativo, arrojaba luz sobre la compra de dólares que también había realizado la sociedad y que se tradujo en pérdidas de 800.000 euros, cantidad que asumió la Tenedora. Con intención de aclararlo y para buscar recomendaciones a cerca de cómo aplicar lo aprobado en el Parlamento, Urgell propuso la elaboración de este informe el pasado 9 de setiembre en una reunión con la Sociedad Tenedora.

Al tratarse de un ente compuesto a partes iguales por el Gobierno de Lakua y la Diputación de Bizkaia, la negativa del ente foral impide que la iniciativa siga adelante, por lo que Urgell valoró que tiene «las manos atadas». En la gravedad este «empate técnico», que otros parlamentarios, como Carmelo Barrio del PP, prefirieron calificar de «bloqueo injustificable», incidió la consejera asegurando que no veía ni intención ni posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. La parlamentaria del PNV, Leire Corrales, salió en defensa de la posición que su partido ha tomado al frente de la Diputación asegurando que no hay ninguna intención de bloqueo.

Acuerdo en Balenciaga

Muy diferente ha sido la respuesta de la Diputación de Gipuzkoa con relación al futuro Museo Balenciaga. El pasado 30 de setiembre, el Gobierno de Gasteiz y el ente foral llegaron a un principio de acuerdo, en el que también se incluía al Ministerio de Cultura español, para refundar la Fundación Balenciaga. Así, los dos miembro de la sociedad Berroeta-Aldamar -el Ejecutivo de Lakua y la Diputación guipuzcoana- se incorporarán a la Fundación para asentar el proyecto en el territorio.

Respecto a los pañuelos que, según describía el informe parlamentario, «Mariano Camio -ex alcalde de Getaria y principal impulsor del museo- regaló a esposas de concejales del PNV como obsequio particular», la consejera anunció que no pueden hacer nada. «La Administración no puede acreditar que fueran objeto de entrega», aseguró Urgell, quien basó esta circunstancia en la «realización imprecisa de los inventarios de cesión».

Reforma legislativa

El tercer eje de actuación es el resultado de la recomendación que coincidía en ambos casos en apuntar hacia un mayor control y la necesidad de auditorías en sociedades y fundaciones con participación pública, incluso aunque ninguna institución supere el 50%, situación que antes les exentaba de estos controles. En este sentido, anunció que el Departamento de Economía y Hacienda presentará en los próximos meses -ya que no concretó fechas al no ser una actuación de su Departamento- un proyecto legislativo con «fórmulas que permitan igualar o al menos aproximar el régimen presupuestario de estos entes al propio de las entidades del sector público», en referencia a sociedades con capital mayoritariamente público, sumando en el que aporten todas las administraciones.

Así, se comprometió a auditar y controlar a todas estas sociedades «haya o no obligación de ello». Según informó, el proyecto legislativo del Departamento de Hacienda podría modificar la Ley de Régimen Presupuestario, la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en su caso, la Ley de Control Económico.