Eudel y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco han acordado un «Protocolo de actuación para prevenir y eliminar la existencia de pintadas y carteles de enaltecimiento del terrorismo en los municipios del País Vasco». Ambas instituciones se han comprometido a «extremar las labores de vigilancia, prevención y pedagogía en la cultura de la paz».

Quisiera formular dos sencillas preguntas dirigidas a quienes lo han firmado: ¿Cuánto dinero se destinó a las labores de «pedagogía en la cultura de la paz» durante el proceso de paz del año 2006? ¿Qué se considera como «descrédito», «menosprecio» y «humillación» a las víctimas y sus familiares?

Se podrían destinar 500.000? para promover un proceso de paz participativo, en el que se aborden cuestiones como la memoria colectiva o social, la historia, los derechos individuales y colectivos o las diferentes identidades. Desgraciadamente, quienes nos gobiernan (y quienes les apoyan) han apostado por unas políticas basadas en la criminalización de partidos políticos y movimientos sociales, así como la estigmatización y la victimización, desnaturalizando el carácter político del conflicto. Solo existe un discurso oficial unidireccional sobre la interpretación y la solución relativa al conflicto. A partir del 11-S, en nombre de la lucha contra el terrorismo, se ha desplegado todo un arsenal jurídico tan englobante que apenas ofrece seguridad jurídica. En 2001, World Trade Center se erigió en bandera de la democracia liberal y se convirtió en pretexto para la aplicación de leyes de excepción. Aquí, en Euskal Herria, conocemos demasiado bien esa receta.