Polemizando con Aralar respecto a su postura sobre las fuerzas de seguridad del Estado, J.I. Lacasta, catedrático de Filosofía del Derecho, ha afirmado en una carta enviada a «Diario de Noticias» que aquellas pertenecen al Estado español y que éste es un «Estado social y democrático de Derecho».

La polémica lleva meses apareciendo a través de artículos y notas de prensa (Batzarre, PNV, Aralar...), y tiene que ver con las distintas posturas mantenidas por NaBai en las instituciones en relación a la condena a los atentados de ETA. Así, mientras en unas (Congreso español, Ayuntamiento de Iruñea,..), además de la condena, se ha expresado la solidaridad con las fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía,..), en otras (Parlamento Foral) se ha rechazado esto y se ha optado por la abstención.

Fue en Deusto, curso 1971-72, cuando estudié Filosofía del Derecho. Desde entonces poco he trabajado esta disciplina. Miedo me da, pues, discutir académicamente con quien cuenta con un currículo como el de J.I. Lacasta, así que intentaré llevar el debate a terrenos un poco más mundanos.

La Constitución afirma en su artículo 1º que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho», añadiendo que «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Supongo yo, a estos efectos, que lo dicho por J.I. Lacasta no parte de una concepción sacra de este texto que comience y termine en él mismo. Digo esto porque, dar por bueno lo que la Constitución afirma, nos llevaría a decir, por ejemplo, que el problema de la vivienda no existe, ya que su artículo 47 otorga a todos el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y en condiciones» y que se regulará «la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Amén.

Completando su afirmación, J.I. Lacasta señala que «con todos sus criticables defectos..., el español no es el Estado franquista como creen de modo enloquecido e irreal, los partidarios de la violencia». Pues bien, esta dicotomía (o se piensa irreal y enloquecidamente -como los violentos- que este régimen es igual al franquista, o se reconoce racional y sanamente -como él lo hace- que esto es un estado social y democrático de Derecho), no es en modo alguno de recibo. No añoro de ninguna manera aquellos tiempos de censura previa de todo tipo periódicos, prensa, canciones..., de prohibición general de constituir sindicato o partido alguno, de no poder hacer ningún tipo de manifestación, concentración, charla, reunión o elección libre, ni creo que hoy exista aquel mismo régimen, pero de ahí a afirmar que vivamos en un Estado social y democrático de Derecho, hay mucho trecho. Veamos.

«Estado social». Hoy más que nunca, el día a día muestra un entramado legal e institucional que, por encima de todo, está al servicio de la Banca y el gran capital. En esta época de crisis en la que casi no hay ni limosnas para los de abajo (los 420 euros son una auténtica burla), cientos de miles de millones de euros han sido entregados a banqueros y empresarios a quienes, además, se aligera de impuestos mientras se sube el IVA a la gente de a pie. Junto a ello, el gasto social en Educación y Sanidad en el Estado español es la mitad del promedio europeo, mientras que el nivel de fraude fiscal es el doble. Para colmo, frente a un 41% de pensiones inferiores en su cuantía al umbral de pobreza, los grandes banqueros se jubilan a los 55 años con tres millones de euros anuales. ¿Hace falta poner más ejemplos (inmigración, privatizaciones, ley de dependencia,...) con respecto al contenido de este Estado «social»?

Estado democrático». Definir así a esta monarquía cuyo titular, designado por Franco, juró defender los sacrosantos principios del Movimiento, no es muy ajustado. Más aún cuando el rey es, no sólo jefe del Estado, sino también mando supremo del Ejército y, por definición, inviolable y no sujeto a responsabilidad alguna. Heredamos además del franquismo, sin ninguna depuración, tribunales y fuerzas armadas y policiales que fueron sostén de cuarenta años de dictadura y hoy aportan a este régimen algo más que colorido y desfiles patrios. España es, además, una unidad indisoluble e indivisible y son esas fuerzas armadas las responsables de defender esas esencias que hacen que las comunidades autónomas carezcan incluso de poder para realizar consultas respecto a su propio futuro institucional. ¿Hay quien dé más?

«Estado de Derecho». Mientras los miembros del GAL no han cumplido ni un diez por ciento de las condenas que les fueron impuestas, las penas y régimen de los presos vascos se alargan y endurecen sin límite alguno. Las cárceles están llenas, sobre todo, de inmigrantes, gitanos y pequeños delincuentes, pero los grandes ladrones, especuladores y hampones campan a sus anchas por bolsas, consejos de administración y recepciones oficiales.

A la par, mientras distintos grupos falangistas, herederos genéticos y políticos de los pistoleros del 36 y de la criminal dictadura, actúan con total impunidad, cientos de personas son procesadas y condenadas por pertenecer a «Egin», «Egunkaria», herriko tabernas, Batasuna, Udalbiltza, Askatasuna... Los primeros son, simplemente, «ultras»; los segundos, peligrosos terroristas. Las penas franquistas por propaganda ilegal o asociación ilícita eran más leves que las que hoy se ponen a algunos por haber realizado reuniones, encabezar listas o ser miembros de grupos políticos o sociales. Eso sí, todo esto es muy legal.

La calidad democrática y social del Estado español es muy baja y, no sólo eso, sino que cada vez es más escasa. Este régimen merece pues, sin duda alguna, un claro suspenso en estos temas. Mucho más aún en Euskal Herria, donde un sector importante de la población vive un auténtico régimen de excepción. Por todo esto, si yo fuera catedrático de Filosofía del Derecho y un alumno mío afirmara, tan alegremente, que vivimos en un Estado social y democrático de Derecho, tendría bastantes posibilidades de suspender.