Después de que Martin Scheinin, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha Antiterrorista, indicara anteayer en una conferencia ofrecida en Leioa que las fotografías de presos políticos vascos pueden tener una «motivación más humana que una incitación a la violencia», la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, aseguró ayer que el Ejecutivo «está muy tranquilo» respecto a su política de retirada de fotografías. Mendia respondió así cuando fue interpelada al respecto en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal de Lakua.

La portavoz subrayó que su gobieerno «tiene un respeto total a lo que dicen los tribunales de justicia, que han dicho claramente en reiteradas sentencias que la exhibición de fotos de presos de ETA puede ser, dependiendo del contexto, una conculcación de la Ley de Víctimas». Además, tras afirmar que Lakua no pretende «polemizar» con el Relator de la ONU, se preguntó «qué grado de conocimiento puede tener de la sociedad vasca».

Mendia manifestó que la opinión expresada por Scheinin no supone «revés alguno» a la política de Lakua. «Como gobierno, lo que nos consta y a lo que tenemos que atenernos es a las sentencias de los tribunales», señaló. Junto a ello, recordó que «la jurisprudencia está siendo bastante clara en ese sentido, al señalar que en muchos contextos la exhibición de fotos de presos de ETA conlleva `enaltecimiento del terrorismo' y, por tanto, conculcación de la Ley de Víctimas».

Por todo ello, afirmó que Lakua «está muy tranquilo respecto a la política que está siguiendo de retirada de espacios pú- blicos de fotografías» de los presos políticos vascos.

Acuerdo con Eudel

Precisamente, en la reunión del Consejo de ayer el Gobierno de Lakua aprobó la partida de medio millón de euros para subvencionar a los ayuntamientos los gastos de retirada de pintadas, carteles, fotografías o pancartas que «atenten contra la dignidad de las víctimas del terrorismo».

Con la aprobación de esta orden se disponen los fondos para llevar adelante el protocolo de actuación acordado la semana pasada entre el Departamento de Interior de Lakua y la Asociación de municipios Eudel, para colaborar en la retirada de fotografías o cualquier tipo de imágenes o símbolos que hagan referencia a los represaliados políticos vascos.

El Gobierno de Lakua consideró que con la aprobación de esta orden se da un paso significativo hacia «el logro del objetivo común de todas las administraciones de poner coto a la proliferación de símbolos que entrañan descrédito o humillación de las víctimas y exaltación del terrorismo».

«Un paso, en definitiva, hacia la recuperación de los espacios públicos y hacia su uso normalizado por la ciudadanía vasca», señaló la portavoz de Lakua, Idoia Mendia.

Según acordaron en el Consejo, «la subvención de 500.000 euros totales ayudará a los gobiernos locales a costear tanto los gastos directos, derivados de la utilización de sus propios servicios de limpieza municipales, como los que resulten de la contratación de empresas o servicios especializados». Así, la cuantía máxima de las ayudas oscilará, en función del tamaño de los municipios, dentro de una escala que irá desde los 10.000 euros que podrán obtener los entes locales de menos de 5.000 habitantes hasta los 40.000 euros destinados a los más de 50.000 vecinos.

Indignación en Aretxabaleta

Por su parte, el grupo municipal del PSE ha mostrado su «indignación» ante la declaración institucional aprobada por el Consistorio de Aretxabaleta sobre las detenciones sucedidas en las fiestas de la localidad.

El equipo de gobierno de la localidad guipuzcoana, formado por Aralar, aprobó junto a Ezker Batua condenar la detención de cuatro vecinos recordando que las fiestas se estaban desarrollando en «un ambiente de paz y armonía». Afirman que «la detención fue desproporcionada», que los ertzainas se mostraron «arrogantes» y que ocurrieron «delante de niños».

El grupo municpal del PSE dice que el texto aprobado por el Ayuntamiento «nos llena de asombro y espanto, puesto que siendo así podríamos suponer que la Ertzaintza actúa a modo del Antiguo Oeste». Además, denuncia que «no es nuevo el cuestionamiento permanente que algunos grupos políticos realizan contra todos aquellos sectores que, sujetos al orden constitucional, defienden la democracia».