La excusa oficial de que la redada del martes pretendía impedir una reorganización de Batasuna dirigida por ETA, como expone el ministro del Interior, no ha convencido a importantes sectores políticos y sociales vascos. ELA, Aralar, EA, AB y también el presidente del GBB, Joseba Egibar, han mostrado su convicción de que la operación policial pretende evitar un movimiento de la izquierda abertzale e incluso han señalado que el Estado actúa con perversas intenciones para evitar un nuevo escenario en Euskal Herria. En el mismo sentido se pronunció la europarlamentaria de Sinn Féin, Bairbre de Brún.

El sindicato ELA hizo pública una declaración por la tarde en la que asegura que «quien ha decidido estas detenciones de dirigentes políticos de la izquierda abertzale ha actuado atendiendo a impulsos políticos y no quiere una solución; no desea que se recorra el camino necesario para llegar a una solución al conflicto político». Y añade que «la detención de personas civiles comprometidas con ese objetivo representa un ataque inaceptable a los códigos mínimos que un proceso de esta naturaleza demanda».

ELA no habla de oídas. Por la mañana, su secretario general, Adolfo Muñoz, ya señaló en Radio Euskadi que «le constan» los esfuerzos y el compromiso de los ahora detenidos y, en consecuencia, tildó la operación policial de «muy mala noticia». Recordó además que es insólito que un gobierno haga detener a quienes apuestan por vías políticas, y explicó que no se hallará un ejemplo similar en todo el mundo. Ya por la tarde, Muñoz apuntó que «todo parece indicar que los poderes del Estado están más cómodos con la actual situación de bloqueo y de no salida. Nosotros no. Es necesario preguntarse: ¿Qué pretende reforzar el Estado con estas detenciones? ¿Qué escenario se quiere provocar cuando, cuando con actuaciones como éstas, el Estado aparta a personas que han manifestado su compromiso con una apuesta civil?».

Ante esta situación, ELA anima, no obstante, a recorrer ese camino. Es imprescindible. Es el deseo mayoritario de la sociedad vasca; un deseo con el que ELA, también en los escenarios más difíciles, está comprometida. Este es, precisamente, el camino que más incomoda al Estado y a quienes han dado por descontado que la situación de polarización actual sobre la violencia no tiene alternativa».

ELA concluyó su declaración mostrando su solidaridad con las personas detenidas y anunciando que «se da por interpelada, por un lado ante la gravedad de estos hechos y, por otro, para compartir el grito de denuncia que esta situación requiere».

Al igual que ELA, también Aralar consideró necesario dar una respuesta a estas detenciones. Su vicecoordinador, Jon Abril, compareció ante los medios, acompañado por otros dirigentes del partido, para invitar a sumar fuerzas en la denun- cia de la redada.

Abril se preguntó qué se oculta tras esta operación policial, para subrayar a continuación que «es más necesario que nunca dar cauce a la política». «Y para ello, hay que garantizar la participación política de todas las personas y todas las ideas. Estas detenciones atentan contra los derechos más fundamentales, contra la propia democracia: va en contra del derecho a participar en política, en contra de los derechos civiles y políticos, en contra de buscar una solución a través de la política».

EA convoca Asamblea Nacional

Eusko Alkartasuna reunió ayer a su Ejecutiva para analizar la situación creada con las detenciones y anunció la convocatoria extraordinaria de su Asamblea Nacional para analizar con la afiliación «la situación creada y determinar las iniciativas a llevar a cabo».

Tras el encuentro de la dirección, la secretaria de comunicación, Ikerne Badiola, calificó la redada como «juego sucio» del Estado español. Señaló que el objetivo de estas decisiones políticas y judiciales es atentar directamente contra la unión de fuerzas abertzales, pero anunció que, «pese a ello, EA redoblará los esfuerzos por acordar una serie de mínimos con todas las fuerzas abertzales con el fin de impulsar por las vías pacíficas un proceso soberanista».

Egibar lo tiene claro

En las últimas semanas el portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha dado muestras de contar con alguna información de lo que se movía en el izquierda abertzale y ayer, ante la llamada de Radio Euskadi, no dudó en afirmar que quienes han promovido esta operación «no quieren que ETA desaparezca». A su entender, la redada pretende evitar que se normalice la vida política de Euskal Herria porque, a su juicio, se ha arrestado a personas apuestan por las vías pacíficas en lugar de por «la lucha armada».

Según Egibar, la posición de los dirigentes detenidos es conocida y «si se sabe que todas estas personas están apostando por esas vías políticas, es evidente que no están pidiendo ingresar en ETA para seguir en la lucha armada, sino todo lo contrario».

Distinto enfoque ofreció el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, quien en un desayuno informativo trató de desviar la atención de la redada hacia cuestio- nes personales de Baltasar Garzón, al preguntarse si la redada podría responder a denuncias efectuadas contra el juez por prevaricación.

Urkullu pidió que se respeten las garantías procesales de los detenidos y manifestó su esperanza de que LAB «no se vea envuelto» en el caso «por mucho que las detenciones se hayan producido en su sede».

Recordó el presidente del EBB que el ámbito institucional vasco es «incompleto» debido a la ausencia de la izquierda abertzale como consecuencia de la ley de partidos y también de su propia «decisión voluntaria de no estar en las elecciones como los demás». Después apuntó que «al PNV le gustaría hacer política sin ningún tipo de condicionantes y éste [las detenciones] es uno que algunos utilizan de manera interesada».

También Abertzaleen Batasuna denunció «con firmeza» las detenciones, y se preguntó si de verdad Madrid quiere dar una salida política al conflicto, si todos los que pretenden organizarse políticamente son delincuentes para el Gobierno espa- ñol y si al Ejecutivo le conviene realmente que todas las ideas estén presentes en el debate.

Preocupación de Sinn Féin

Los ecos de la actuación del Gobierno español sobrepasaron fronteras y la europarlamentaria de Sinn Féin, Bairbre de Brún, recordó que su formación ha defendido la necesidad de revivir el proceso de paz vasco» y afirmó que «la ilegalización de Batasuna, junto al continuo encarcelamiento de representantes políticos, no ayuda en esa labor en ningún sentido».

Según el Sinn Féin, «la detención por parte del Gobierno español de Arnaldo Otegi como líder de Batasuna junto a otros nueve miembros del partido es un paso atrás y hará mucho más difícil el proceso de reconstrucción y los esfuerzos por dar un nuevo ímpetu a un proceso de paz duradero».

Bairbre de Brún concluyó apuntando que la redada «impedirá aún más cualquier búsqueda para lograr progresos» en la resolución del conflicto, lo que «requiere que todo esfuerzo sea haga para implementar y favorecer el diálogo entre todos los partidos del País Vasco y el Gobierno español. Las medidas punitivas y la criminalización por parte de las autoridades españolas no acercarán estos objetivos».

También NaBai, Hamaikabat!, Ezker Batua, Corriente Roja, Alternativa y la CGT hicieron públicas reacciones contrarias a las detenciones, al igual que el colectivo Lokarri, entre otros muchos agentes. CCOO, por su parte, abogó «por preservar cauces que faciliten la normalización política del país».