El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aclarado por activa y por pasiva que no busca la derrota de ETA, sino la derrota sobre el independentismo vasco en general. A eso se refiere cuando afirma que «mientras haya violencia, ningún radical va a poder hacer política en este país, la Policía se lo va a impedir sistemáticamente». La actuación de la Policía y de los tribunales en el Estado español no depende, por lo tanto, de qué defiendan los «radicales», ni de los medios por los que lo hagan. Más aún cuando Rubalcaba se guarda la opción de decidir quién y qué debe ser considerado «radical».

El Gobierno español quiere cercenar toda opción de que se cree en Euskal Herria una estrategia política eficaz que sirva para llevar a la nación vasca a otro estadio. Ésa es la razón por la que detuvo a diez dirigentes de la izquierda abertzale que trabajaban para elaborar una propuesta política destinada a toda la sociedad vasca y a resolver el conflicto. Porque, pese a que desde las instituciones y los medios oficiales se quiera marcar una agenda alternativa para la sociedad vasca, es evidente que para la gran mayoría de la ciudadanía la prioridad pasa por la resolución del conflicto, y que nadie cree en serio que exista otro camino que no sea la negociación para lograr ese objetivo.

Otra cosa es que cada ciudadano, dependiendo de sus afinidades políticas, anhele un escenario distinto para esa nueva fase. También es posible que algunos de esos ciudadanos piensen que ciertas maniobras -también aquellas que son abiertamente antidemocráticas como las detenciones de esta semana- benefician sus objetivos de cara a ese escenario futuro. Pero se engañan si piensan que este proceder del Estado les beneficia. No al menos desde una perspectiva democrática. Una gran parte de los socialistas vascos lo saben, empezando por muchos de sus dirigentes, aunque ahora les toque defender lo indefendible.