Hace poco más de año y medio, la Policía española cargó brutalmente contra una protesta en favor de los derechos de la mujer en Iruñea. La historia es conocida. Era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, capitaneada por aquel entonces por Vicente Ripa (PSN), había decidido prohibir esta protesta argumentando que coincidía con la jornada de reflexión de las elecciones estatales.

Las más de 40 asociaciones que suscribían la marcha decidieron que la reivindicación de las mujeres no podía acabar siendo amordazada por los intereses políticos de aquel momento, y siguieron adelante con una manifestación de carácter festivo que obtuvo un gran respaldo. La respuesta que recibieron por parte de la Delegación fue violenta y, según recuerdan los convocantes, completamente gratuita, puesto que además la marcha había finalizado antes de que intervinieran los antidisturbios.

Cientos de mujeres, y también de hombres, entraron a la plaza del Castillo a ritmo de batukada a las 19.00. En ese momento, cuatro de los uniformados que les estaban esperando exigieron que la concentración se disolviera inmediatamente. Los policías comenzaron a arrancar los carteles de las manos de los asistentes entre los abucheos de la multitud. Poco después, el resto de policías españoles comenzaron a cargar y a disparar pelotas para dispersar la concentración que Ripa decidió ilegalizar. Muchos manifestantes se escaparon por las calles de Alde Zaharra de Iruñea, pero la gran mayoría prefirió mantenerse firme ante la intimidación y aguantar en la plaza a pesar de los porrazos y los empujones. Varias mujeres fueron golpeadas en el suelo durante la carga de los antidisturbos.

Pues bien, esa represión de la protesta feminista continúa aún con quince juicios que están a punto de celebrarse. Por ello, la asamblea de multadas tras los incidentes y la Comisión 8 de Marzo buscan ahora el respaldo de los ciudadanos y les emplazan a que se sumen a una concentración en favor del derecho de las mujeres y la libertad de expresión que tendrá lugar mañana a las 20.00 en la Plaza del Castillo.

Mientras tanto, los jueces deberán decidir si aceptan los recursos interpuestos ante las multas que les llegaron dos meses después de la protesta a quince de las participantes, por un valor de entre 300 y 600 euros. Los convocantes de la concentración de este jueves denuncian que tienen que encararse de nuevo ante «el sistema patriarcal, esta vez en su formato judicial. Un sistema que nos reprime desoyendo el mensaje feminista». Pero adelantan que «no conseguirán evitar que las mujeres sigamos luchando por nuestros derechos».

Feminismo frente a política

Vicente Ripa trató de lavarse las manos antes de prohibir la manifestación. En un primer momento, el entonces delegado del Gobierno español quiso echar el balón al tejado de la Junta Electoral. Pero le respondieron que él era quien debía tomar la decisión de autorizar o no la marcha si consideraba que la protesta podría ser interpretada como apoyo a un partido. Ripa siguió sin decidirse hasta que un tribunal madrileño le dio una excusa al sentenciar que el feminismo es partidista. La resolución del juez estimaba, por ejemplo, que el derecho al aborto no era bandera de todos los partidos en el Estado y, por tanto, bastaba para impedir la protesta por mucho que se celebrara el Día Internacional de la Mujer.

Según se publicó, Ripa trató de suspender los actos con un telefonazo, pero no le sirvió de nada. Después mandó a los antidisturbios a acallar a golpes la voz de las mujeres.