Las filtraciones e intoxicaciones sobre el debate interno de la izquierda abertzale tienen el doble objetivo de, por un lado, intentar condicionar los términos mismos del debate y, por otro lado, eludir que se conozcan, o se reconozcan, las condiciones en las que ese trabajo político se está dando en la actualidad. El documento que hizo público ayer GARA tiene una especial relevancia porque informa de primera mano sobre lo que está sucediendo en una formación política que desarrolla su actividad en condiciones que nada tienen que ver con las libertades sobre las que se deben levantar las bases de una sociedad democrática. Y no lo hace porque haya decidido mantenerse en la clandestinidad, sino por apostar públicamente por la resolución de un conflicto político en el que otros se sienten muy cómodos porque lo que les da pánico, como indicábamos ayer, es la política.

Probablemente, la estrategia elaborada por el Estado español para debilitar la posición ideológica de la izquierda abertzale habrá resultado «tocada» por la respuesta la ciudadanía vasca ofreció el sábado en Donostia. Al menos así se desprende de las reacciones que ese apoyo popular, que vino acompañado de una imagen de pluralidad política pocas veces vista en nuestro país, han provocado en los portavoces del Gobierno español, del Ejecutivo de Lakua, del PSOE y del PP. Portavoces que se ven obligados a practicar el cinismo sin caretas, apelando a una frase que ya les cuesta hacer «tragar» incluso a la opinión pública española: «En España nadie va a la cárcel por defender sus ideas».

Las bases de la izquierda abertzale saben perfectamente que durante estas semanas se les perseguirá aún con más ahinco por defender sus ideas, por contraponer sus diferentes puntos de vista en el marco natural de un colectivo político. ¿O acaso pueden negar eso Rodríguez Zapatero, Rubalcaba, López o Mendia? Hace exactamente una semana que hicieron pública su respuesta, deteniendo y encarcelando a representantes políticos por haberse atrevido a impulsar el debate.