Los dos socios declararon durante aproximadamente media hora ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Iruñea por exhorto del Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional española, que es la encargada habitual de este tipo de asuntos.

Fue la Policía Municipal de Iruñea la que, durante los pasados sanfermines, remitió al Juzgado de guardia el contenido de las pancartas exhibidas por las peñas Armonía Txantreana y San Fermin. En la primera de ellas aparecía el texto «Ongi etorri Kurika», en referencia al preso del barrio Miguel Angel Gil Cervera. En la otra pancarta aparecía el texto «Iñaki etxera», junto a una caricatura de Iñaki Marin Mercero, preso del barrio de Arrosadia.

El gobierno municipal de UPN, con el apoyo del PSN, decidió dejar en suspenso el pago de la subvención municipal a ambas peñas (7.333 euros a cada una), hasta que hubiera un pronunciamiento judicial.

Los dos socios imputados declinaron ayer hacer valoraciones y se remitieron a la rueda de prensa que ofrecerá hoy la Federación de Peñas sobre este caso. Una de las cuestiones que está por aclarar es por qué han sido imputados estos dos socios en concreto. «Es una pregunta que nos hacemos todos. En el caso de nuestra peña, al menos, ni siquiera tiene cargo en la junta directiva», indicaba un miembro de Armonía Txantreana.

Concentración prohibida

Con motivo de la citación a estos socios, las dos peñas afectadas habían convocado para las 9.30 de ayer una concentración ante el Palacio de Justicia bajo el lema «No más ataques a las peñas. Libertad de expresión».

Este acto fue prohibido la noche anterior por la Delegación del Gobierno español, argumentando que un acto judicial «no es un hecho extraordinario» y, por lo tanto, no estaba justificado el carácter de urgencia del permiso solicitado con cuatro días de antelación. A la hora prevista, medio centenar de personas se concentraron en el lugar. La Policía Foral identificó a algunas de ellas y les advirtió de la prohibición de la concentración, por lo que optaron por no llevarla a cabo.

La plataforma Gora Iruñea señaló que la prohibición «supone un nuevo recorte en el derecho a la libertad de expresión». Los concejales de la izquierda abertzale de Iruñea constataron «el afán de UPN por reprimir cualquier acto de disidencia en el plano político, social y cultural», y también desde el grupo de NaBai hubo críticas a esta prohibición gubernativa.