«Durante todo el año 2006 utilizaba la autopista todos los días para ir a trabajar, dos veces al día... ¿Cómo acredito esto? Porque, desde luego, no tengo resguardo de los tickets...». Lo decía ayer un ciudadano anónimo en internet. La respuesta del profesional jurídico es que no tiene ninguna posibilidad de reclamar. Pero el suyo es el ejemplo de la indefensión, de la incertidumbre o de la pregunta que miles de usuarios vizcainos de la A-8 entre Bilbo y Donostia se hacían este lunes tras escuchar que el Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva la normativa sobre peajes de esta autopista que rigió entre 2003 y 2007. El varapalo final a esa norma foral reguladora de las tarifas ha sido la desestimación del último recurso presentado por la Diputación vizcaina.

Estamos ante un contencioso que data de hace años, denunciado judicialmente por el PP y que parece haber llegado a su decisión final: el cobro del peaje durante esos años es nulo, y todo porque ese dinero se destinó también a otros usos que no fueran el mantenimiento de la AP-8, como a financiar las obras de la SuperSur.

¿Devolver el dinero? Difícil

Pero más allá de la polémica política que implica esta resolución, al usuario afectado por este hecho lo que le interesa ahora es si la Diputación vizcaina debe devolverle ese dinero y cómo cobrarlo en su caso. Respecto a lo primero, prosiguen las dudas porque desde el PNV gobernante entonces y ahora en la administración foral se sigue negando tal extremo. Quienes echan mano de las sucesivas sentencias judiciales lo creen una consecuencia directa. Pero los recovecos judiciales, ya se sabe, suelen ser casi inexcrutables.

En total, son 169,89 millones de euros los que la concesionaria Interbiak cobró entre junio de 2003 y enero de 2007 de manera «ilegal», en palabras ayer del PP. Afecta a los usuarios de la vía en la parte vizcaina y, según informó ayer este partido, podrá reclamarlos cualquier persona que acredite el pago, bien mediante recibo que certifica el pago en metálico o solicitando a la entidades bancarias resguardos del pago con tarjeta o a traves del sistema de telepago -el 70% de los realizados, según Interbiak-.

Y es que disponer de algún justificante de esos pagos es vital. Así lo corrobora el abogado de la asociación de usuarios EKA-OCUV Iñaki Velasco. «Disponer de algo que lo justifique es necesario sí o sí. Y si lo tenemos, dirigirnos entonces a la responsable de la vía, en este caso la Diputación», sintetiza.

En lo que ya pronostica muchas más dudas, a falta de interpretar las sentencias, es en si éstas derivan en la devolución de ese dinero, o incluso en si esa «ilegalidad» ha llegado a prescribir en el tiempo, lo que dependerá del tipo de expediente administrativo abierto por esa irregularidad.

Para el PP, que llevó la norma a los tribunales en 2003, no hay duda de ello. El diputado José Luis Bilbao, según dijeron ayer desde este partido, tiene «el deber» de devolver ese dinero. También Automovilistas Europeos Asociados ha venido defendiendo la recomendación de que se reclame el abono de esos peajes.

Pero ésa no es la intención de la Diputación. Ayer tarde, emitió una nota en la que comunicaba que «el auto del Supremo no implica la devolución de las cantidades cobradas entre 2003 y 2007» y que «carece de sentido que se promueve la presentación de reclamaciones».

Quizá por eso, frente a quienes defienden que Diputación debería pagar y viendo la dificultad de una decisión en ese sentido, en fechas recientes voces como las de Real Automóvil Club Vasco-Navarro optaban, como solución intermedia, por que la Administración foral adopte algún tipo de compensación para con los usuarios de la autopista.