Desde el pasado mes de marzo hasta julio, nueve inmigrantes latinoamericanos trabajaron en el montaje de escenarios y carpas, así como en la infraestructura de varios actos, todos ellos promovidos por diferentes instituciones públicas vascas, sin contrato alguno. Así lo denunció ayer el responsable del sindicato ELA en Oarso-Bidasoa, Xabier Pérez, acompañado por las seis de las nueve personas que han sido objeto del abuso.

Perez explicó que varios ayuntamientos contrataron los servicios de la empresa Astesa para la instalación de insfraestructuras para diferentes eventos. Astesa, a su vez, firmó un contrato llamado «de servicios» con una persona que identificaron como Eulalio Gálvez Fernández para que éste contratara a trabajadores que formarían una «brigada de choque», dispuesta a trabajar «en cualquier circunstancia y lugar».

No obstante, Gálvez, no hizo contrato alguno a estos nueve inmigrantes, «legales», que según el lenguaje jurídico significa que tienen papeles. Término que el propio Pérez quiso matizar. La gravedad de estos hechos, según dijo, radica en que estas personas estuvieron trabajando para las instituciones públicas, ya que, como dijo, son muchas las organizaciones que saben de la doble explotación que padecen los inmigrantes y el riesgo que tienen de ser objeto de muchos tipos de atropello.

Entre los trabajos que realizaron estas nueve personas, con jornadas de trabajo de 11, 16 y hasta de 22 horas en un caso, está el montaje de parte de la infraestructura del Jazzaldia de Donostia. Montaje, en el que además, uno de los trabajadores ayer presente en la rueda de prensa sufrió una caída desde varios metros de altura. También participaron en los preparativos de un campeonato juvenil de fútbol en la capital gipuzcoana, y en el montaje de escenarios en Andoain, Hernani, Eibar, Hondarribia y Zangoza.

Perez acusó de negligencia en la custodia de los derechos de estas personas a los ayuntamientos implicados aunque precisó que no les acusan de estar al tanto de los hechos. Además, añadió que junto al hecho de trabajar sin contrato alguno, Gálvez no les ha pagado por el trabajo realizado. Relacionó el impago con posibles problemas económicos de la empresa Astesa. Asimismo, dijo que Gálvez se ha dirigido a algunos de estos trabajadores diciéndoles que sabe que tienen contacto con un sindicato y que se va a encargar de que no vuelvan a trabajar más «en lo que el controla».

Hechos denunciados

Los hechos han sido denunciados ante la Inspección de Trabajo así como ante la Ertzaintza. No obstante, Pérez lamentó que hayan tenido que ser los propios trabajadores los que han tenido que dirigirse al sindicato denunciando su situación. En este sentido, señaló que muchos pueden pensar que «los inmigrantes van a ser una especie de gente vulnerable absolutamente, incapaz de defender sus derechos». No obstante, «esta vez se han equivocado y se han encontrado con personas absolutamente conscientes de que tienen derechos», matizó. En este sentido, explicó que las personas inmigrantes tienen que acumular seis meses de cotización al año para poder renovar sus papeles.

Con la denuncia de ayer el sindicato ELA también busca crear un cierto miedo en «todo este submundo mafioso de las subcontratas» a la hora de realizar actuaciones similares. Porque, si esto pasa en torno a las administraciones, «¿qué es lo que estará ocurriendo donde no están?» preguntó.