Los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria y las diputaciones forales han apostado por la congelación salarial para los funcionarios y trabajadores dependientes de la Administración pública, dicen que para ahorrar. Sin embargo, LAB rechaza esa intención porque, como indica Arantxi Sarasola, no se puede cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, cuando han sido las administraciones quienes han perdonado impuestos a la élite económica.

¿Cómo afecta la crisis al sector público vasco?

Cuando la crisis empezó a manifestarse en el ámbito de la empresa privada el año pasado, había quien pensaba que no tendría ninguna traslación a los servicios públicos. Desde LAB, alertamos de que no iba a ser así, de que en nuestros sectores -Enseñanza, Sanidad, Administración, entre otros- no tardaría en manifestarse y lo haría con virulencia. Si «como receta milagrosa ante la crisis» las haciendas públicas desvían su dinero a la banca y a las grandes multinacionales, si además les perdonan sus obligaciones fiscales, no hay que ser experta en matemáticas para saber que de algún capítulo deben restar, y ¿de dónde restan?, del gasto social, es decir, de las prestaciones y de los servicios públicos.

¿Hay más demanda de servicios debido a la crisis?

La crisis ha supuesto que haya aumentado la demanda de servicios sociales y, sin embargo, no se ha aumentado el personal. Así, las cargas de trabajo han crecido, se han recortado programas que han entendido superficiales y ha habido despidos de personal eventual. También se han negado sustituciones por baja o, como ahora sucede, se plantea la reducción del presupuesto y, además, los consiguientes recortes en servicios y en congelación salarial.

¿Cuántos funcionarios y trabajadores dependientes de las administraciones públicas hay en Hego Euskal Herria?

Estamos hablando de unas 250.000 personas trabajando en los servicios públicos. Si tenemos en cuenta que la población es de 2.750.000 personas tenemos que el porcentaje no alcanza el 10%, muy por debajo del 15% de la media Europea y del 25% de países como por ejemplo Suecia. Está claro que el desarrollo de los servicios públicos y la creación de empleo caminan juntos y que en ambos casos queda mucho margen en Hego Euskal Herria hasta igualarnos con la media europea. Existen muchas necesidades sociales sin atender, antes de la crisis y ahora. Cada vez es mayor el desfase entre la demanda social de servicios públicos de calidad y la oferta de las administraciones. Hay una imperiosa necesidad de aumentar la dotación presupuestaria y la creación de empleo.

¿Cuántos tienen empleo fijo y cuántos son temporales?

La temporalidad varía, pero supone una media de un 30%. LAB lleva años planteando la acuciante necesidad de reducirla, ya no sólo como una forma de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios públicos, sino, incluso, como una medida para mejorar la calidad de los servicios. Con ese nivel de inestabilidad laboral, es materialmente imposible ofrecer unos servicios públicos de calidad. Con los responsables de las administraciones siempre nos hemos topado con una actitud muy reticente con la reducción de esta temporalidad cuando en realidad se trata de una medida que no supone esfuerzo económico extra.

¿Por qué?

Porque a los políticos gestores de las distintas administraciones les conviene una tasa de temporalidad alta, para tener más atada a su plantilla. La gente no se rebela ni se moviliza con tanta facilidad, y porque en un momento dado en que interese privatizar un servicio lo hacen sin inconvenientes.

¿Por qué LAB rechaza la congelación salarial propuesta por las administraciones públicas?

Hemos llegado a esta situación de crisis porque durante periodos de gran crecimiento económico toda la riqueza la ha patrimonializado el capital, los trabajadores que hemos generado esa riqueza nos hemos quedado con una cada vez menor parte de la misma. Todo esto ha sucedido gracias a que la clase política no sólo lo ha permitido sino que lo ha impulsado. Volvemos a repetir y lo haremos tantas veces como haga falta: esta crisis no la hemos creado los trabajadores, y no nos corresponde asumir ninguna responsabilidad. Es más, si realmente queremos salir de esta situación, habrá que mirar atrás para no repetir errores.

¿Es un problema de principios aceptar la congelación?

No. Si aceptáramos la congelación salarial en la Administración estaríamos dando la razón a quienes plantean que esto es responsabilidad de todos, y que nos corresponde asumir sus consecuencias. Tras ese anuncio de congelación salarial a los funcionarios se esconde el intento de confundir a la opinión pública fingiendo que ante esta situación están actuando, señalando al trabajador de los servicios públicos como culpable, y desviando la atención de la gente sobre cuáles son las verdaderas razones por las que estamos en esta situación; quiénes son los responsables, sobre qué riquezas hay que actuar, y sobre qué modelo social y económico distinto debemos construir.

¿Parece un contrasentido que quienes más rendimientos económicos y más seguro tienen el puesto de trabajo no sean capaces de hacer ese esfuerzo?

Lo que es un contrasentido es que quien más tiene pague cada vez menos impuestos. Los trabajadores, tanto del sector público como privado, pagamos religiosamente a través del IRPF los impuestos, cosa que no hacen ni las rentas de capital que están topadas al 18% ni los inversores que invierten en las sicav, los fondos de inversión o los paraísos fiscales que, o no tributan, o lo hacen al 1%. Es un contrasentido que se haya reducido la progresividad en la escala del IRPF y se hayan aumentado los impuestos indirectos que penalizan las rentas mas bajas.

¿Los trabajadores del sector público no son privilegiados?

Un contrasentido es pensar que para salir de esta crisis se debe homologar a toda la clase trabajadora a las peores condiciones laborales del entorno y es un contrasentido coadyuvar en la idea de que somos una clase privilegiada y fomentar el estereotipo del funcionario que no pega ni golpe. Todo esto ni es real, ni desde luego, se sostiene desde un discurso y un pensamiento de izquierdas. El sector público, incluso desde el punto de vista más restrictivo de su función, la de prestador de servicios públicos, necesita de personas que trabajen y saquen adelante esos servicios y disfruten de unas condiciones laborales dignas. Atacar la figura del trabajador o trabajadora de la administración o los servicios públicos es algo que de forma interesada impulsa la clase política. Forma parte de la estrategia de desprestigio de lo público, de prestigio de la eficiencia de la gestión privada de lo público, en definitiva, es una forma de impulsar las políticas de privatización de servicios.

¿La crisis se soluciona con la congelación de los sueldos?

Que nadie se engañe, no vamos a solucionar la crisis por congelar el sueldo de la Administración. Sería un acierto congelárselo a los altos cargos, a esos de designación libre o política, pero no tanto porque creamos que así solucionaremos la crisis, sino porque verdaderamente, en su caso, sus sueldos sí son un abuso. En cualquier caso tal como sucede en la empresa privada, la reducción de los costes salariales no repercute en beneficio de otros trabajadores, sirven para que los accionistas mejoren sus dividendos y la administración rebaje los impuestos de los más ricos y multiplique las bonificaciones fiscales de los que más tienen. Lo que nos quitan de nuestro salario va directamente a los especuladores, no a otros trabajadores.

¿Puede hacer una escala de salarios de la Administración?

Dentro de la Administración y los servicios públicos, el abanico salarial, es decir la diferencia entre lo que cobran las categorías inferiores y las superiores, ha crecido mucho durante años y, por lo tanto, es necesario aplicar criterios lineales o de crecimiento inversamente proporcional a los incrementos salariales. Hablo de salarios que van de los 1.200 euros mensuales justitos en las categorías inferiores a 3.500 en las categorías superiores, y rondando los 6.000 euros para el caso de los altos cargos.

¿No es mucha diferencia?

LAB lleva años denunciando que las diferencias salariales son cada vez mayores, que los sueldos de las categorías inferiores se están quedando muy insuficientes, y que las personas que trabajan para la Administración o los servicios públicos en contratas están cobrando sueldos de miseria. Llevamos años reclamando en la negociación que los incrementos salariales deben tener esto en cuenta, y su aplicación y reparto debe servir para mejorar sobre todo los sueldos de estas categorías inferiores, y de estas personas de las contratas. No lo planteamos ahora, como medida excepcional para salir de la crisis, sino que es algo que venimos pidiendo desde hace años.

En la Administración se están produciendo dos fenómenos complementarios; de una parte, una inflación de cargos que son la tapadera de incrementos salariales para pagar adhesiones -denuncia que realizamos «libro negro de Nafarroa»- y, de otra, la proliferación de empresas públicas para saltarse los topes salariales y las normas de contratación para impedir el enchufismo y el clientelismo.