Cuando casi ha transcurrido un año desde que la Comisión de Expertos impulsada por la Diputación concluyera la falsedad de las inscripciones halladas en el yacimiento romano de Iruña-Veleia, se siguen sumando informes que apuntan en sentido contrario. El antiguo equipo directivo, Eliseo Gil e Idoia Filloy, compareció ayer ante los medios de comunicación para seguir defendiendo que son «de época romana», afirmación que apoyan en el total de trece informes de diversa naturaleza que se han publicado en este tiempo. Estuvieron arropados por dos de los expertos que han contribuido a la defensa de la autenticidad con sendos informes, Juan Martin Elexpuru y Koenraad Van den Driessche.

En el repaso del último año, «se han sometido a intensivo análisis tanto los propios grafitos, como los contenidos y argumentos expuestos en los informes de la comisión, aportándose otras interpretaciones y estudios». Así, hicieron un repaso a los informes en los que se ha materializado este proceso, clasificados en los dictámenes arqueológicos, los estudios sobre el contenido y un tercer grupo que estudia las superficies de las piezas y sus indicios de antigüedad. Como resumen -todos los documentos son de fácil consulta en internet, así como los vídeos de las conferencias organizadas en torno a este tema-, el primer grupo concluye que la metodología arqueológica del yacimiento es correcta. Respecto a los que abordan el contenido, llaman a la apertura del debate histórico necesario y señalan la carencia de la comisión de expertos al no incluir a un especialista en latín vulgar. Por último, los estudios geológicos y paleopatológicos que presentan hablan de los indicios superficiales que imposibilitan que se trate de grafitos de factura reciente.

Basándose en este material, proponen estudios y pruebas analíticas, las mismas que solicitaron en su declaración ante el juez por los procesos abiertos en su contra y que exige un manifiesto popular -consultable y que recoge adhesiones en www.sos-veleia.org-. Rebatiendo unas declaraciones recientes de la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, negando la viabilidad de las pruebas por razones económicas, argumentaron la sencillez y el poco coste de las que proponen. Por último, se desvincularon del análisis de Rubén Cerdán, por el que cobró pero al parecer nunca realizó, causa que se encuentra en los juzgados y aseguraron que nunca los usaron para datar además de que no obtuvieron beneficio.