El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, firmaron ayer a puerta cerrada el acuerdo militar que tantas ampollas ha levantado en la región, con diferentes matices. Del contenido sólo se sabe que el personal militar así como los contratistas estadounidenses tendrán inmunidad judicial y que podrán utilizar durante los próximos diez años las bases aéreas de Palanquero -una de las más antiguas de Colombia y en la que el Congreso estadounidense invertirá 46 millones de dólares para mejorarla-, Apiay, Malambo y los fuertes del Ejército de Tres Esquinas y Tolemaida y las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga.

Desde que lo anunciaron, no han parado las críticas de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha advertido incluso que «soplan vientos de guerra en la región». Brasil, Argentina y Chile también han exigido más explicaciones. Por el momento, Bogotá guarda silencio.

La polémica alcanzó tal dimensión que Unasur se vio forzada a convocar con carácter de urgencia una reunión extraordinaria el pasado 28 de agosto en Bariloche (Argentina). Para intentar apaciguar las aguas, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, envió una carta en la que garantizaba a los cancilleres de los 12 países de Sudamérica que «ninguna actividad, ni misión permitida bajo este acuerdo tendría un efecto extraterritorial».

En la firma de ayer, de muy bajo perfil, Bermúdez sostuvo que «se han incluido cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales, o que Colombia pueda participar en la investigación que se adelante frente a funcionarios norteamericanos y seguirla».

El Gobierno de Álvaro Uribe ha pasado por alto no sólo el malestar de sus países vecinos sino también las recomendaciones del Consejo de Estado, que le pidió someter el texto al control del Congreso. El Ejecutivo alegó que se trata de un convenio simplificado y no implica el paso de tropas extranjeras a otros países con fines bélicos.

En términos similares, Brownfield dijo que el pacto «actualiza y moderniza» los convenios ya existentes y que datan de 1952, 1962 y 1974. Desde la puesta en marcha del Plan Colombia, Washington ha entregado a Bogotá 5.500 millones de dólares.

Un estudio jurídico del Consejo de Estado colombiano subraya que el acuerdo deja al país en condición de «cooperante» de EEUU, que decidirá las tareas que se deban realizar. «Se habla del uso y acceso de las bases militares sin determinar la forma y límites de los mismos. El pacto debería delimitar de manera clara los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves», incide.

«Sí, la violamos y ¿qué?»

Organismos de derechos humanos temen un repunte de las agresiones por parte de soldados estadounidenses. Pese a los intentos de silenciamiento, aún colea el caso de Olga Lucía Castillo, que denunció la violación en 2007 de su hija de 12 años. La menor reconoció al sargento Michael Coen y al contratista César Ruiz, adscritos a la base de Tolemaida. Cuando la madre les fue a reclamar, reconocieron con total naturalidad lo que habían hecho. «Sí, nosotros la violamos y ¿qué? ¿quién le manda a ser tan perra y a tener una hija así?». Todas sus gestiones han sido nulas. La embajada le cerró las puertas y le denegó información sobre la investigación. Su testimonio ni siquiera pudo ser escuchado en el Congreso. Dos diputadas llegaron a decir que no iban a permitir descripciones «pornográficas».