La firma del acuerdo según el cual el Ejercito norteamericano podrá utilizar diferentes bases militares en suelo colombiano, que garantiza a su vez la inmunidad judicial a sus soldados y asesores, supone una fuerte amenaza para una hipotética democratización de Colombia, para el desarrollo de la región, pero muy especialmente para la seguridad y la libertad en todo el subcontinente latinoamericano. Es decir, la realidad es que el tratado ataca de hecho todo aquello que dice defender de palabra. La manera casi clandestina en la que se ha firmado el acuerdo, «en una sesión discreta» según sus promotores, evidencia que supone un acto de vergonzosa sumisión de un estado supuestamente soberano ante una potencia supuestamente amiga. Nada más lejos de la realidad.

Tanto los gobiernos vecinos como una gran parte del pueblo colombiano han mostrado su oposición a este acuerdo, que forma parte del denominado Plan Colombia, destinado en teoría a «combatir el narcotráfico y el terrorismo». Sin embargo durante el mandato de Uribe y en aplicación de ese plan lo cierto es que Colombia ha pasado a engrosar la lista de estados que rondan la categoría de estado fallido. Pero es que, además, durante este periodo Colombia ha registrado uno de los mayores índices de violaciones de derechos humanos a nivel mundial. El balance de esa política es, por lo tanto, nefasto. Y este nuevo paso dado por los mandatarios colombianos y estadounidenses supone ahondar en ella.

Del acuerdo firmado ayer llama especialmente la atención el estatus de inmunidad que recibirán en adelante los militares norteamericanos. Esos soldados desplazados a Colombia se convierten en una suerte de reyes en república ajena, cuyos actos no son enjuiciables por los tribunales de ese país pese a los delitos que puedan cometer en él. Gozan de una inmunidad que nadie duda que fácilmente derivará en impunidad. Algo aún más grave si tenemos en cuenta que existen precedentes en el mismo territorio y con miembros de ese mismo Ejército.