El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de cinco políticos de CiU y PSC detenidos en la «operación Pretoria», desarrollada para desarticular una presunta trama de corrupción con epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Catalunya).

En concreto, Garzón ordenó el ingreso en prisión del presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de la Generalitat durante el mandato de Jordi Pujol (CiU) Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco (PSC).

Además, condicionó la libertad de los tres empresarios detenidos -el presidente del Grup Espais; Lluís Casamitjana; el de Proinosa, Josep Singla; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, al pago de sendas fianzas de 500.000 euros para los dos primeros y de 100.000 para el tercero. Asimismo, Pasqual Vela, director gerente de Servicios Municipales de Santa Coloma deberá abonar 25.000 euros.

Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, todos los comparecientes contestaron a las preguntas del juez y el fiscal y trataron de desvincularse de la trama.

El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales, según explicó su letrado, Fermín Morales.

Muñoz también destacó que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con éstos se limitaría a que han tenido trato con su compañero de partido Luis García.