El lunes de la pasada semana, el Juzgado de Instrucción de Iruñea que investiga las acciones del grupo ultra Falange y Tradición decidió encarcelar a tres de sus miembros y poner en libertad bajo fianza a dos más. Es norma habitual que en este tipo de casos los autos de prisión se hagan públicos de modo inmediato, lo que posibilita conocer el detalle de las imputaciones del juez. Así ocurre de modo sistemático, por ejemplo, con los detenidos que pasan por la Audiencia Nacional y terminan en prisión. Salvo excepciones muy contadas, en estos casos los autos se hacen públicos en pocos minutos, de modo que aparecen colgados en las ediciones digitales de los periódicos de forma casi inmediata.

Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así. Transcurrida ya una semana desde que se produjeron los encarcelamientos, el auto de prisión sigue en secreto, lo que impide conocer el detalle de las imputaciones.

Esta situación fue denunciada ayer en rueda de prensa por personas que han padecido este tipo de ataques u otros que siguen sin esclarecerse. A la espe- ra del auto, ni siquiera saben por tanto si las agresiones que han sufrido tienen alguna relación con ese grupo.

«Por las víctimas»

GARA intentó desde el primer momento conocer el auto de prisión para difundirlo, como es práctica habitual. Tras varios días de gestiones en los que no se terminaba de aclarar si la juez pensaba hacerlo público o no, a finales de la semana pasada desde la oficina de prensa de la Audiencia de Nafarroa se indicó que el auto seguirá secreto por ahora y que la instructora toma la decisión para preservar la identidad de las víctimas de las acciones investigadas.

Tanto esta decisión como el hecho de que se dictaran cinco encarcelamientos -dos de ellos eludibles con fianza- deja abiertas varias opciones. Por ejemplo, que las acciones imputadas sean más aún que las reivindicadas con Falange y Tradición en su nota, ya que en éstas se referían acciones cuyas víctimas ya están plenamente determinadas y son de conocimiento público. Es el caso de Sonia Polo, la txupinera de Bilbo que recibió una amenaza de muerte con una bala, o del concejal de NaBai en Antsoain Koldo Pla, que recibió también una carta de contenido intimidatorio.

El silencio impuesto sobre el caso impide conocer, por ejemplo, si los encarcelados de Falange y Tradición fueron los responsables del intento de incendio del caserío de la familia Goikoetxea en Getxo. Cabe recordar que tras las detenciones, en unas declaraciones efectuadas desde Luxemburgo, el ministro de Interior español remarcó que las acciones de este grupo fascista iban dirigidas «contra miembros de la izquierda abertzale.

Denuncias archivadas

Paradójicamente, varias víctimas de estas acciones habían presentado denuncias en su día y la mayor parte de ellas fueron archivadas «por falta de pruebas». Así lo reveló ayer en rueda de prensa Fran Balda, concejal de la izquierda abertzale en Arbizu. En aquella localidad aparecieron numerosas pintadas fascistas que han sido reivindica- das ahora por Falange y Tradición. Así las cosas, ahora se tratará de recuperar todas esas denuncias e impulsar personaciones como acusación particular que permitan, a su vez, conocer los entresijos del sumario.

Entre quienes comparecieron ayer en rueda de prensa estaba, por ejemplo, Dani Saralegi, conocido miembro de Gora Iruñea! que ha denunciado que fue retenido por supuestos policías en la capital navarra hace unos meses, y Alain Berastegi, que fue secuestrado y golpeado en un zona de monte de Irunberri bajo amenazas para que colaborara con las FSE. Explicaron que «el desconocimiento de las imputaciones imposibilita realizar una valoración profunda».

Recordaron, en concreto, que «quedan ataques que Falange y Tradición no ha asumido», y como caso más escalofriante citaron el de la desaparición y posible muerte de Jon Anza. Otro de los comparecientes que ha sufrido varios episodios de guerra sucia en los últimos años, el baztandarra Sotero Etxandi, concluyó que hay un nexo entre todo: «El diseño del Estado está claramente evidenciado». Se dirigió además a los medios para pedirles que «dentro de la ética profesional, se dé la importancia que tienen a estas acciones, y no sean tratadas como actos vandálicos o actos aislados, sino como lo que han supuesto en la historia de Euskal Herria».

Diferencia de trato

Estas víctimas remarcaron otras diferencias. Por ejemplo, «no se han difundido nombres, sólo iniciales; no han aparecido sus fotos en ningún medio; no ha habido fotos del material incautado; y a pesar de la gravedad de los actos que se les imputan a los detenidos, dos de ellos han quedado en libertad».

Añadieron que Rubalcaba restó importancia a los hechos al hablar de «actividades e incidentes». «No se han considerado como `terrorismo' cuando en Euskal Herria colocar un cartel es motivo ya para la aplicación de la Ley Antiterrorista o dibujar una caricatura de un preso en una pancarta de peñas provoca que tengas que declarar en la Audiencia Nacional».