La apertura del juicio contra Diego Yllanes, autor confeso de la muerte de Nagore Laffage, ofrece una opción para lanzar una mirada panorámica a un fenómeno terrible como es el de la violencia machista. Un caso que, como el de Mª Puy Pérez y Yamiled Giraldo -por mencionar tan solo algunos ejemplos recientes-, ha adquirido una relevancia pública que, más allá de sus elementos especialmente truculentos y dramáticos, debe servir para dimensionar esta tragedia social. Porque, por mucho que se trate de casos particulares con especificidades relevantes de cara a un juicio -una violación frustrada que deriva en muerte, mutilación y ocultamiento del cuerpo; una muerte a sangre fría disfrazada con una desaparición, y un tiroteo relacionado con proxenetismo-, todos esos sucesos se inscriben en un marco común: la violencia contra las mujeres por parte de los hombres.

En este caso concreto, resulta encomiable la perseverancia de la familia de Nagore Laffage. Los términos en los que se ha pronunciado su madre, Asun Casasola, son impecables. En vísperas del juicio la familia de Laffage ha reclamado justicia en vez de clamar venganza -algo que, si bien puede llegar a ser humanamente comprensible, a menudo distorsiona las reclamaciones de las víctimas de la violencia sexista-, ha denunciado cómo el estatus social de unos y otros acusados puede llegar a afectar a la ecuanimidad que exige esa justicia, a la vez que ha situado la muerte de su hija en un contexto social más amplio como es la violencia machista. Poco más se puede añadir, y todo lo que se diga carecerá por principio de la fuerza moral que tienen las palabras de los familiares de una víctima.

Por lo tanto, no queda más que recordar la naturaleza estructural que en este modelo de sociedad tiene esa violencia. Lo que exige a su vez un cambio de modelo, si es que realmente se quiere, siquiera a medio plazo, construir una sociedad basada en principios de equidad entre hombres y mujeres. Todo lo demás es, simple y llanamente, propaganda electoral.