Jabi Garnika, secretario general adjunto, y José Luis Rezabal, secretario de Asuntos Jurídicos y representante de la central sindical en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), desvelaron ayer en Donostia la decisión de LAB de «no participar de forma normalizada en la Comisión de Informes encargada de la función consultiva en dicho organismo sociolaboral».

Esta decisión supone «la no presencia» de LAB, «como regla general», en las sesiones de dicha comisión ni el envío de alegaciones a la misma. Este sindicato, Garnika y Rezabal, reconocieron, sin embargo, que LAB se reserva la facultad de «intervenir puntualmente si lo aconsejan las razones de oportunidad política».

El CRL tiene entre sus funciones la de emitir informes sobre los proyectos de ley, de decreto o de orden, así como en relación a los planes de contenido sociolaboral del Gobierno de Gasteiz y de iniciativas promovidas por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Patxi López.

Los representantes sindicales recordaron que consideran al nuevo Gobierno de Lakua, conformado por el PSE con el apoyo del PP, «ilegítimo por ser fruto de unas elecciones amañadas» y, además, «ha puesto en marcha el llamado diálogo social», en el que no participa LAB. Ante esta evolución, Rezabal y Garnika afirmaron que la central sindical «está en contra de convertir el CRL en un mero apéndice subordinado a la mesa de diálogo social. Dado que las iniciativas del Departamento de Empleo se pretenden precocinar en dicha mesa de diálogo social para presentarlas posteriormente al CRL, no podemos validar esa operación política fraudulenta participando en la función consultiva que no es, en esas condiciones, sino un puro trámite formal». Los representantes sindicales pusieron el ejemplo del «proyecto de Orden por la que se convocan ayudas extraordinarias de apoyo a la contratación de personas desempleadas, medida estrella contra la crisis». Este proyecto se ha remitido al CRL después de haberse aprobado en la mesa de diálogo social, para que este emita un informe perfectamente inútil».

LAB cree que esa orden «tiene serios problemas de legalidad, motivo por el que aun habiéndose anunciado su puesta en marcha a bombo y platillo hace ya un tiempo, aún no ha entrado en vigor».