La imagen creada ayer en el puerto de Bermeo por miles de ciudadanas y ciudadanos exigiendo, bajo los paraguas, a las autoridades políticas y judiciales españolas que antepongan la salvaguarda de las vidas de la tripulación del «Alakrana» a cualquier otra consideración refleja, como en pocas ocasiones ha sucedido en Euskal Herria, que el sentido común de una sociedad madura ante una circunstancia concreta no puede ser frenado por ninguna norma establecida en un texto legal. Ni siquiera quienes se presentan en las tribunas públicas como sus más férreos defensores se han atrevido en los últimos días a apelar al «Estado de derecho» ni al Código Penal para construir un muro que impida la liberación de los marineros secuestrados por los piratas somalíes en aguas del Índico.

En esta ocasión, la ciudadanía vasca, como la gallega, no sólo ha dado forma a esa impresionante imagen de solidaridad, sino que también ha creado directamente la «opinión pública» en torno a cómo se debe resolver este caso. Desde el pasado 2 de octubre, familiares y compañeros de los marineros han logrado que sus reflexiones, surgidas desde los sentimientos personales pero también desde la experiencia, se escucharan por encima de las inútiles polémicas en las que se han entretenido muchos portavoces políticos, quienes durante un mes han estado más pendientes de aprobar en el Parlamento español una norma para que en el futuro los pesqueros puedan contar con una escolta armada de mercenarios que de resolver lo que estaba sucediendo, en vivo y en directo, dentro del «Alakrana».

Sólo el cambio de estrategia de los secuestradores, al dar un ultimátum de tres días para que se cumplan sus exigencias y enviar a tierra a tres de los tripulantes, ha logrado que las demandas de las familias y de las poblaciones directamente afectadas hayan ocupado los titulares principales. Y son sus exigencias, no las de los piratas, las que están siendo apoyadas casi de forma unánime por la ciudadanía vasca, consciente de que, para lograr un desenlace feliz, el tema no podía quedar en manos de una clase política incapaz de interiorizar que, por encima de las leyes escritas en base a vagos principios generales, están el sentido común, la educación, el civismo y la solidaridad.

No hay ningún obstáculo legal

Pretender que el destino de los tripulantes del «Alakrana» pasa por la interpretación que un juez de la Audiencia Nacional haga de un texto legal -sea el Código Penal, la Constitución española o la Convención de Ginebra- no es de recibo. Menos aún en el Estado español, donde, como han reiterado organismos como la propia ONU o Amnistía Internacional, ni siquiera se cumplen esos preceptos generales cuando se trata de criminalizar al independentismo vasco. Si cuando pretende imponer sus intereses, como han conocido en primera persona muchas ciudadanas y ciudadanos vascos, Madrid recurre más al «estado de excepción» que al «estado de derecho», ¿alguien va a creer que en este caso el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba no puede dictar a los jueces la medida que desee tomar, digan lo que digan los textos sagrados de la Justicia española? No existe ningún problema legal para que los dos piratas apresados en Madrid sean devueltos a Somalia o enviados a Kenia, como no lo existe para pagar el rescate, porque esto último se ha hecho en otras ocasiones sin que los jueces hayan perseguido a los armadores.

No es el Gobierno español el responsable del secuestro -utilizar la demagogia no sirve para solucionar ningún problema- pero, dadas las circunstancias, en estos momentos la resolución del caso sí depende en gran medida de las decisiones que adopte en las próximas horas. Por eso hay que entender como un buen paso el que, cambiando su estrategia, haya optado por no contradecir en público las exigencias de las familias de los secuestrados y, además, haya apartado del primer plano informativo a la belicosa Carme Chacón -anulada para dirigir cualquier negociación por su inconsciente defensa del apresamiento de los dos piratas en la costa somalí por parte del Ejército español- para poner al frente al más diplomático Miguel Ángel Moratinos.

En principio, hoy se cumple el plazo del ultimátum lanzado por los secuestradores para que sus compañeros retenidos en Madrid sean extraditados. No obstante, al redactar estas líneas, ayer eran más los mensajes de esperanza que los de desánimo. También parece probable que el secuestro todavía se alargue en el tiempo, si bien ahora se entiende que ese lento transcurrir de las horas y los días será favorable a los intereses de los marineros secuestrados. Por todo ello, conviene seguir escuchando atentamente las reclamaciones de los familiares de la tripulación y, al mismo tiempo, hacer oídos sordos a las estériles disputas de los portavoces políticos, como la que se organizó ayer mismo apenas unas horas después de la concentración de Bermeo en torno a quién resultó más favorecido por las cámaras de televisión. Conviene mantener el sentido común, que al parecer es el menos común de los sentidos de buena parte de nuestra clase política y de la española.