La representación legal de Lezama Bizirik presentó el miércoles ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una petición para que se ejecute provisionalmente la sentencia que anuló las Normas Subsidiarias (NNSS) refrendadas por la Diputación vizcaina en 2007. Aunque la institución foral y el Ayuntamiento han presentado un recurso de casación ante el Supremo español, el organismo vecinal estima que los magistrados deben actuar tras los recientes acuerdos municipales relacionados con el caso.

Lezama Bizirik informa al TSJPV de que sólo unos días después de conocer la sentencia anulatoria del 25 de junio de 2009, la alcaldesa, Alaitz Etxeandia, convocó a la Comisión de Hacienda el 24 de julio para que destinase una partida de 35.148 euros a «proyectos relativos a la unidad Txupetxa». De los 7.725 metros cuadrados de este área, 5.405 son propiedad del padre -el 50%-, una tía y varios primos de la primera edil jeltzale.

A la reunión de la comisión tan sólo asistieron dos representantes del PNV -uno de ellos Etxeandia- y la concejala del PSE. El acuerdo se elevó al Pleno con carácter de urgencia contando con el voto favorable de la alcaldesa, como lo tuvo en la sesión plenaria del 28 de octubre. La Ley de Procedimiento Administrativo, recuerdan desde Lezama Bizirik, impide a los cargos públicos intervenir en asuntos relacionados con intereses familiares y les obliga a abstenerse en las votaciones.

La asociación estima que «la alcaldesa quiere burlar la sentencia del TSJPV y, además, lo hace beneficiando económicamente a sus familiares de manera ilegal». Por ello, consideran que los magistrados deben actuar de oficio «como lo están haciendo en otros casos de corrupción, porque no sólo podemos estar ante un caso de prevaricación, sino que ésta se ha podido cometer para obtener un importante beneficio económico particular».

De inundable, a urbanizable

Txupetxa es una de las unidades de ejecución que conforman las Normas Subsidiarias declaradas ilegales, en la que se contemplaba edificar 52 viviendas: 40 libres y 12 de protección pública.

Pocos días antes de que concluyera la revisión de las NNSS, con su aprobación definitiva en 2007 por parte de Lakua, se introdujo un cambio para calificarlos de urbanizable. En 2006, al refrendarse inicialmente las NNSS, los terrenos eran inundables pero, en base a un estudio de la ingeniería Izarvi de julio de 2007, el Ayuntamiento modificó el documento urbanístico. En tan sólo cuatro días, la Dirección de Aguas de Lakua analizó el informe municipal y lo dio por bueno.

La sentencia del TSJPV echó por tierra esta recalificación, incidiendo en que el propio Ejecutivo, en su revisión de 2008 del Plan Sectorial de Cauces y Arroyos, no tuvo en consideración el informe que sí motivó los profundos cambios urbanísticos en Lezama, al incrementar la superficie edificable.