Hace apenas unas semanas que el Senado de Argentina aprobó por una amplia mayoría (44 votos a 24) la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una medida que sobresale tanto por su contenido como por el proceso de participación y debate popular que se ha impulsado para su elaboración.

¿Qué valoración les merece esta nueva Ley de Medios Audiovisuales?

Valoramos muy positivamente la aprobación de esta ley que promueve la democratización y desconcentración de los medios de comunicación.

En Argentina, las radios que integran AMARC luchan por una ley de radiodifusión democrática desde que se crearon las primeras emisoras a mediados de los años ochenta.

¿Qué aspectos destacarían de la recién aprobada norma?

Se trata de una ley que establece límites a la concentración de medios, que promueve la diversidad y el pluralismo. Pero, además, es importante subrayar que se trata de una ley muy trabajada, que se referencia en las legislaciones de los países más desarrollados en esta materia y en las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cuáles son sus puntos más fuertes?

Esta ley está concebida desde el respeto al derecho humano de libertad de expresión, la promoción de la diversidad y el pluralismo. Para ello, es imprescindible modificar radicalmente el sistema de medios anterior.

Uno de los principales aspectos de esta ley es el reconocimiento de tres sectores: estatal, comercial y sin ánimo de lucro, y la reserva de un 33% del espectro radioeléctrico para éste último. Además, la ley establece topes a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa.

¿Cuál fue la aportación de AMARC a esta ley?

Nosotros participamos en diversos ámbitos de la redacción de la ley. Cuando la presidenta Cristina Fernández presentó el anteproyecto de ley se abrió un proceso de consulta a la ciudadanía. En ese momento, desde AMARC presentamos algunos aportes que, entendemos, refuerzan el carácter democratizador de esa propuesta.

Entre nuestras numerosas observaciones incluimos la necesidad de incorporar una definición de medios comunitarios como un actor específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro.

También propusimos una modificación en la conformación de la Autoridad de Aplicación para ampliar su representatividad. Ambas peticiones fueron aceptadas.

¿Qué cambios va a traer en el panorama de medios actual?

Esta ley representa un cambio de concepción sobre la comunicación que se verá progresivamente a lo largo de los años hasta conformar un mapa de medios amplio, plural, diverso, que abra espacio para miradas y lecturas representativas de toda la sociedad.

¿Cómo se dará esa transición?

El cambio será paulatino, pero debe comenzar a hacerse efectivo en los próximos meses a través de la conformación de la Autoridad de Aplicación, el Consejo Asesor y las demás instancias establecidas por la nueva norma.

Las empresas que gestionan medios de comunicación cuentan con un plazo de un año a partir de la regulación de la ley para adecuarse a las nuevas disposiciones respecto a la cantidad de medios que una misma persona jurídica puede administrar.

En comparación con el papel que ocupaban hasta el momento, ¿cómo quedan las radios libres y comunitarias ahora?

La Ley de Radiodifusión que estaba vigente hasta ahora, fue aprobada en 1980, durante la última dictadura militar. En ella, solamente se concebían los medios como empresas comerciales. Por tanto, las radios comunitarias y otras organizaciones fueron condenadas durante años a ejercer ilegalmente el derecho a la libertad de expresión.

El reconocimiento y la reserva del espectro para este sector en la nueva norma es un cambio radical para las radios comunitarias. Significa la ampliación al plano jurídico y legal de una legitimidad que ya está avalada por la sociedad.

¿Cómo ha sentado esta ley en los grandes medios?

Ellos son los principales opositores de la nueva ley. En nombre de la libertad de prensa han defendido sus intereses empresariales.

Responsabilizaron de la posible «desaparición» de algunos medios que gestionan, cuando se trata de decisiones que los propios grupos deberán tomar para adecuarse a las cláusulas de la nueva ley que fijan límites a la concentración.

La denominación de la normativa como «ley mordaza» o «ley de control de medios» incidió en la opinión pública sin brindar herramientas para que cada persona pudiera formarse su propia opinión.

Teniendo en cuenta que esta propuesta ha sido impulsada por la ciudadanía, ¿cómo valoran esta participación?

Desde AMARC hemos valorado muy positivamente, además del contenido, el proceso de elaboración y debate.

Después de la presentación del anteproyecto, en marzo de este año, se realizaron foros públicos, charlas, seminarios, talleres, mesas de debate y actos públicos convocados por la socie- dad civil organizada. Tras esos meses de intenso y extenso debate, se realizaron más de un centenar de modificaciones al proyecto.

¿Podría esta experiencia servir de ejemplo para otros países latinoamericanos?

Esta normativa convierte a Argentina en una de las mejores referencias en materia de marcos regulatorios para promover la diversidad y el pluralismo. Tanto por los contenidos de la ley, tanto por la perspectiva respecto a los medios como por el proceso de participación social, es un modelo para tener en cuenta en la región y más allá de América Latina.