El Estado salvadoreño asumió el viernes su responsabilidad por los daños causados a la Iglesia, la población y la familia de monseñor Óscar Arnulfo Romero por su muerte a manos de los escuadrones de la muerte en marzo de 1980.

El director de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores salvadoreño, David Morales, aseguró durante un encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington que su Gobierno tratará de resarcir estos daños. Este compromiso, inédito, modifica la postura mantenida durante las últimas décadas por parte de la Administración del país centroamericano.

En una audiencia de seguimiento del caso ante la CIDH, el Gobierno del presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce «plenamente» la autoridad del organismo y el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000 referido a Romero.

Monseñor Romero, reconocido por sus denuncias de abusos de los derechos dumanos en su país, murió abatido cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980. La Comisión de la Verdad instaurada en 1993 para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil salvadoreña, concluyó que el crimen había sido ejecutado por un escuadrón de la muerte compuesto por civiles y militares ultraderechistas y dirigidos por el mayor Roberto d'Aubuisson, muerto de cáncer en 1992.

La CIDH ya recomendó en el año 2000, cuando el Gobierno de entonces se negó a reconocer su responsabilidad en estos hechos, la realización de una investigación judicial completa, imparcial y efectiva con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía aprobada un año después de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992). También instó al Estado a reparar todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto esa ley.

En este sentido, Morales transmitió a la CIDH el compromiso de su Gobierno de «cumplir de buena fe y en la medida de nuestras responsabilidades» sus recomendaciones.

Éstas no fueron cumplidas por los últimos gobiernos de ARENA (1989-2009). Ahora, el Gobierno de Funes, del FMLN, se ha comprometido a iniciar una «nueva etapa de diálogo» con familiares de las víctimas e instituciones religiosas y sociales.