El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi presentó ayer ante el Senado el proyecto de ley que introduce una reforma del sistema judicial con el objetivo de reducir la duración de los procesos y del que podría beneficiarse el primer ministro italiano en los dos juicios que actualmente tiene pendientes.

La ley judicial es fruto del acuerdo al que llegaron el martes Berlusconi y el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini.

El pacto prevé que las causas contra personas sin antecedentes penales no duren más de seis años en total.

Para adecuarse a las peticiones del Consejo de Europa, la ley prevé que un proceso no puede durar más de dos años en cada uno de los grados: primera instancia, en apelación o ante el Tribunal Supremo.

Aplicación

Según el borrador publicado por los medios italianos, la nueva norma se aplicará a los procesos en primer grado actualmente en marcha referentes a delitos que puedan ser castigados con hasta diez años de cárcel, «a excepción de los casos relacionados con el terrorismo y la mafia o de gran incidencia social como los asesinatos».

El resto de los procesos que superen dicho plazo prescribirán. De esta manera, se favorecería a Berlusconi, que vería como prescriben los dos juicios a los que debe enfrentarse tras la invalidación por parte del Tribunal Constitucional de la ley que daba la inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado.

El primer ministro tiene dos juicios pendientes: el «caso Mills», en el que se le acusa de corrupción en actos judiciales; y el «juicio Mediaset», donde se le imputa fraude fiscal.