La detención incomunicada que se practica en el Estado español es una de las cuestiones que más preocupan al Comité de la ONU contra la Tortura, que el jueves y ayer escuchó las explicaciones de la delegación española sobre las medidas adoptadas para evitar la tortura y los malos tratos. Diversos expertos consideraron «insuficientes» como garantía las grabaciones de vídeo que afirman se realizan en las comisarías; se espera una resolución del Comité para el próximo jueves y viernes.

Varios expertos del Comité consideraron que la práctica de la detención incomunicada es incompatible con la prevención de la tortura, a lo que la delegación española aseguró que está protegida por garantías y que los detenidos están bajo el control permanente y directo del juez que ha decidido el arresto. Explicaron que esta detención no puede superar las 72 horas, con una prórroga de otras 48.

La delegación española estuvo presidida por el embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garrigues, y formada por representantes de los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores, Igualdad y la Secretaría de Estado de la Inmigración.

En las audiencias de ayer y hoy, el Estado español informó al Comité que las funciones del recién creado Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura han sido confiadas a la oficina del Defensor del Pueblo.

El relator del Comité para el examen de este informe concreto, Claudio Grossman, afirmó al final de la sesiones que se quedaba preocupado por las «insuficiencias que persisten en España en cuanto al acceso a exámenes médicos para las personas en detención incomunicada». Otro correlator, Abdulaye Gaye, expresó su preocupación por el número de fallecimientos, algunos por suicidios, registrados en prisión, 768 entre 2003 y 2008, periodo que cubre el informe, y dijo que esas cifras pueden traducir un cierto clima de impunidad.

El Gobierno español ofreció información sobre otro asunto de preocupación para el Comité, la repatriación de menores, e indicó que han suscrito sendos acuerdos bilaterales con Senegal y Marruecos para facilitar la búsqueda de informaciones sobre la situación del menor en su país de origen.

Ofreció, entre otros datos, que entre 2002 y 2009, más de 250 agentes de policía y funcionarios de prisiones han sido condenados por tortura o malos tratos, y se dijo sorprendida por las cifras anunciadas por el Comité de que sólo se dieron dos condenas en ese periodo.

Tras recordar que el Estado español está «gravemente afectado por el terrorismo», la delegación subrayó que las medidas de prevención adoptadas en esta materia jamás han justificado que se practique la tortura. Y aseguró que los médicos forenses que examinan a los detenidos incomunicados son profesionales «competentes» capaces de descubrir signos de malos tratos y tortura.